Reportes de The Wall Street Journal y Reuters señalan que la administración de Trump evalúa exigir la detención de funcionarios mexicanos.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– La presión del gobierno de Estados Unidos contra el crimen organizado en México, habría entrado en una nueva fase luego de que el Presidente Donald Trump descartara, por ahora, una intervención militar tras una llamada con la Presidenta, Claudia Sheinbaum, pero mantuviera la ofensiva mediante acciones diplomáticas y legales contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, en su mayoría militantes de Morena.
De acuerdo con The Wall Street Journal, funcionarios de seguridad mexicanos temen que, una vez superado el riesgo de una acción militar directa, la Casa Blanca comience a exigir medidas más agresivas, entre ellas la detención de políticos del partido en el poder señalados por supuestos vínculos con organizaciones criminales.
Este escenario colocaría al gobierno federal en una situación crítica, ya que Morena y la propia Presidenta han negado reiteradamente cualquier relación con el crimen organizado.
Uno de los casos más relevantes es el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, a quien durante 2025 le fue revocada la visa estadounidense, al igual que a su esposo Carlos Torres.
Aunque ambos aseguraron que se trataba de un trámite consular ordinario, investigaciones periodísticas revelaron que autoridades de México y Estados Unidos los habrían vinculado con una red de huachicol en la entidad. Pese al escándalo, la mandataria afirmó tener la conciencia tranquila y declaró que no necesitaba visa para gobernar un estado fronterizo.
A este caso se sumó el de la diputada de Morena Hilda Brown, a quien también le fue retirada la visa tras ser señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de haber apoyado a “La Mayiza” en Rosarito, Baja California.
Brown fue incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y sus cuentas fueron congeladas en México por la Unidad de Inteligencia Financiera. Aunque negó las acusaciones, en diciembre decidió devolver su visa al consulado estadounidense.
Según la agencia Reuters, la administración de Donald Trump ha revocado las visas a más de 50 políticos mexicanos de distintos partidos, aunque la mayoría pertenecen a Morena.
Entre ellos se encuentran Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali; Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales; Óscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco; Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros; César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado, y José Luis Dagnino, alcalde de San Felipe.
Estas acciones han alimentado rumores sobre la existencia de una “lista negra” del gobierno estadounidense que incluiría a gobernadores, exgobernadores y legisladores mexicanos.
Otro de los personajes bajo fuerte escrutinio es el senador Adán Augusto López, quien ha enfrentado señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades patrimoniales.
Además, ha sido vinculado con La Barredora, organización criminal dedicada al secuestro y la extorsión que fue liderada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco cuando Adán Augusto era gobernador.
Documentos militares filtrados por el grupo Guacamaya indicarían que el senador estaba al tanto de las actividades del grupo, aunque hasta ahora no existe una investigación formal en su contra. Analistas atribuyen su aparente blindaje a su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A la lista de morenistas señalados también se suma Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente, acusado de liderar una red de huachicol en alianza con funcionarios del sector energético durante el sexenio anterior. Integrantes del PAN ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por estos hechos.
Asimismo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha sido señalado por presuntos vínculos familiares con integrantes de Cárteles Unidos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció que hubo intervención del crimen organizado en la elección estatal.
En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal ha sido ligado al Cártel del Golfo y al empresario Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, mientras que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido vinculado al Cártel de Sinaloa, acusaciones que ha rechazado.
Con la ofensiva diplomática de Estados Unidos y el aumento de revocaciones de visas, el escenario político mexicano enfrenta una presión sin precedentes, mientras el gobierno de Donald Trump, mantiene bajo la lupa a integrantes de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Con información e imágenes de Político MX.