Un Tribunal Colegiado determinó que existen afectaciones al ecosistema de Campeche y Quintana Roo y obligó a Profepa reconocerlas.
Cancún(Marcrix Noticias).- Un Tribunal Colegiado resolvió detener las obras del Tren Maya en los tramos 5 y 7, tras concluir que existen daños ambientales y omisiones en el cumplimiento de la normativa ecológica. La resolución obliga a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a reconocer las afectaciones señaladas en diversos amparos.
El Tramo 5, que conecta Cancún con Tulum a lo largo de 111.3 kilómetros – dividido en 5 Norte (Cancún – Playa del Carmen) y 5 Sur (Playa del Carmen – Tulum) – queda sujeto a suspensión definitiva. De igual forma, el tramo 7, que enlaza Chetumal con Escárcega en un recorrido de 256 kilómetros entre Quintana Roo y Campeche, deberá frenar actividades mientras se resuelven los procesos judiciales.
La decisión judicial se apoya en criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que refuerzan la aplicación de los principios de prevención, precaución y “in dubio pro natura”, es decir, priorizar la protección ambiental cuando exista incertidumbre sobre posibles daños.
Entre los puntos señalados por el tribunal destacan la ausencia de Manifestaciones de Impacto Ambiental completas avaladas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la falta de autorizaciones definitivas para cambio de uso de suelo y la modificación del trazo original sin nuevas evaluaciones técnicas.
Organizaciones y comunidades promoventes de los amparos argumentaron afectaciones al sistema kárstico de la región, incluidos cenotes, cavernas y ríos subterráneos. En el tramo 5 se documentaron posibles daños al subsuelo por la instalación de pilotes y estructuras elevadas en zonas de alta fragilidad geológica, como el sistema de cavernas conocido como Garra de Jaguar.
Asimismo, los recursos legales señalaron la presunta ausencia de consultas adecuadas a comunidades indígenas y riesgos de fragmentación de ecosistemas. Los tribunales consideraron que las autorizaciones provisionales no sustituyen los estudios ambientales integrales que exige la ley.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las críticas de grupos ambientalistas fueron rechazadas desde el Ejecutivo federal. En contraste, la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que toda obra de infraestructura genera impactos ambientales, pero que estos deben mitigarse mediante medidas compensatorias y cumplimiento estricto de la normativa.
La resolución judicial marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el impacto ecológico del proyecto ferroviario en el sureste mexicano y coloca el foco en la obligación de acreditar estudios técnicos y permisos ambientales antes de continuar con su desarrollo.