Choi Mal-ja, condenada en 1964 por causar lesiones a un hombre que intentó agredirla sexualmente, fue finalmente reconocida como víctima y actuó en legítima defensa

Ciudad de México. (Marcrix Noticias).- Hace más de seis décadas, Choi Mal-ja, una joven surcoreana de 18 años, fue condenada por un tribunal tras morder y arrancar parte de la lengua de un hombre que supuestamente intentó violarla en la ciudad de Gimhae, provincia de Busan. Mientras que el agresor enfrentó únicamente una breve condena por allanamiento e intimidación, Choi fue sentenciada por lesiones corporales graves y vivió con la carga de este fallo durante 61 años.

El caso se convirtió con el tiempo en un símbolo de las deficiencias del sistema judicial surcoreano para abordar la violencia sexual y reconocer la legítima defensa, especialmente en situaciones que involucran a mujeres víctimas de agresión. Inspirada por el movimiento #MeToo, Choi solicitó un nuevo juicio en 2020, aunque inicialmente los tribunales inferiores rechazaron su petición.

En diciembre de 2023, la Corte Suprema autorizó la reapertura del caso, y el nuevo juicio se llevó a cabo en julio de 2025. De manera inédita, los fiscales reconocieron públicamente que la acción de Choi fue legítima defensa y ofrecieron disculpas por el sufrimiento que la condena original le había causado.

El 10 de septiembre de 2025, el tribunal de distrito de Busan emitió la sentencia absolutoria. La corte determinó que Choi actuó en defensa propia al morder la lengua del agresor y revocó la condena por lesiones graves que pesaba sobre ella desde 1964.

Choi, ahora de 79 años, se mostró visiblemente emocionada tras conocer la sentencia. Agradeció a quienes la apoyaron y expresó su esperanza de que su caso sirva de ejemplo para otras personas que hayan sufrido agresiones similares.

Asimismo, anunció que buscará una compensación del Estado por los daños ocasionados por la condena injusta.

La reacción pública ha sido intensa. Organizaciones feministas celebraron el fallo y destacaron que este caso podría marcar un precedente significativo en la jurisprudencia surcoreana, reforzando la protección de los derechos de las mujeres y el reconocimiento de la legítima defensa en contextos de agresión sexual.

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