La suspensión otorgada permitió a casinos Bet365, Betano y Ganador Azteca mantener sus operaciones digitales mientras.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La suspensión concedida por jueces federales a favor de Casinos y empresas operadoras de apuestas digitales de Ricardo Salinas Pliego, marcó un nuevo episodio en la disputa legal contra la aplicación de sanciones contempladas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, al considerar posibles violaciones al debido proceso por parte de la autoridad administrativa.
A mediados de diciembre de 2025, el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, resolvió otorgar una suspensión definitiva que permitió a las plataformas casinos Bet365 y Betano conservar sus dominios de internet y continuar operando mientras se resolvía el fondo del asunto.
De manera paralela, un juez federal concedió una suspensión provisional a favor del casino Ganador Azteca, empresa vinculada a Ricardo Salinas Pliego y operadora de los casinos digitales mencionados, frente a diversos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que establecen sanciones a establecimientos dedicados a las apuestas.
En este contexto, el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la capital del país, Germán Cruz Silva, admitió la ampliación de la demanda de amparo promovida por la empresa, con el objetivo de incluir el artículo 17 de la ley, además de los artículos 14 y 16, relacionados con garantías de legalidad y seguridad jurídica.
De acuerdo con la resolución publicada el martes 20 de enero, el juzgador indicó que tanto el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos como el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación contemplan sanciones como la suspensión de funciones; sin embargo, advirtió que en este caso la Segob habría impuesto la medida sin llevar a cabo un procedimiento administrativo previo.
Finalmente, dentro del mismo juicio de amparo, el juez estableció que el próximo 26 de enero se definirá si se concede la suspensión definitiva, mientras que la audiencia constitucional quedó fijada para el 9 de febrero, fecha en la que se analizará de fondo la constitucionalidad de los actos reclamados.