La Presidenta Claudia Sheinbaum afirma que su gobierno no criminaliza bloqueos relacionados con demandas sociales.
México (Marcrix Noticias)-Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no emprenderá acciones penales contra agricultores y transportistas que participaron en el reciente megabloqueo de carreteras federales.
Aunque recordó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló previamente que cerrar carreteras constituye un delito, Sheinbaum precisó que su administración no criminaliza las manifestaciones cuando responden a demandas sociales o políticas.
“Cuando hay una manifestación con fines políticos, sociales o de exigencias, no perseguimos a nadie por manifestarse”, afirmó.
EL TRASFONDO: SEGURIDAD EN CARRETERAS Y LA LEY DE AGUAS
Durante su conferencia matutina de hoy, la mandataria explicó que, según los reportes oficiales, las quejas por inseguridad en carreteras han disminuido. Además, presentó una gráfica que muestra una reducción de 54% en el promedio diario de denuncias respecto a 2018, aunque admitió que aún “hay que seguir trabajando porque buscamos que haya cero robos”.
En cuanto a la Ley de Aguas —tema que algunos manifestantes utilizaron como argumento para el bloqueo— Sheinbaum destacó que no formaba parte de las demandas iniciales y reiteró que el gobierno mantiene una mesa permanente de diálogo sobre seguridad carretera con diversas dependencias, incluido la Guardia Nacional.
La presidenta subrayó que uno de los objetivos de la nueva Ley de Aguas es recuperar el control nacional sobre este recurso y evitar que continúe tratándose como una mercancía, como —dijo— ocurrió con la legislación de 1992. También enfatizó la inversión del gobierno en la tecnificación del riego agrícola, destinada a hacer un uso más eficiente del agua y aumentar la productividad.
‘EL AGUA ES DE LA NACIÓN’
Sheinbaum explicó que, al modernizar los sistemas de riego, el consumo de agua se reduce y, por ello, el gobierno pide que el volumen no utilizado regrese a la Conagua para destinarlo al abasto de la población.
Sin embargo, señaló que algunos concesionarios se niegan a hacerlo e incluso revenden el recurso a los municipios.
“Hay distritos de riego que venden el agua a los municipios y no pagan porque eso es para riego. El derecho de agua no se paga cuando es para riego pero ellos lo venden y no es justo”.
Finalmente, reiteró que la prioridad es garantizar un uso más eficiente del agua, mejorar la productividad de la tierra y asegurar que el recurso disponible pueda regresar al Estado para garantizar el consumo humano.