El hombre recibió más de 15 años de prisión por extorsionar a la víctima para obligarla a retirar la demanda de pensión alimenticia.
Chetumal (Marcrix Noticias).– La Fiscalía General del Estado informó que un juez dictó sentencia condenatoria en contra de Roger Armando Marín Uc, quien pasará más de 15 años en prisión por los delitos de violación a la intimidad personal o familiar y extorsión, en agravio de una víctima de identidad reservada en el municipio de Othón P. Blanco.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate de Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad, los hechos se originaron cuando la víctima solicitó el reconocimiento de paternidad y el pago de pensión alimenticia para sus dos hijos menores de edad, por lo que inició los juicios correspondientes.
Derivado de este proceso, una autoridad judicial ordenó al acusado registrar a los menores y cumplir con la pensión alimenticia; sin embargo, posteriormente el ahora sentenciado amenazó a la víctima con difundir un video de contenido sexual que había sido grabado sin su consentimiento durante la relación que mantenían.
Ante estas amenazas, la víctima desistió en un primer momento de la demanda de alimentos; no obstante, en abril de 2016 decidió iniciar nuevamente el proceso legal para exigir la pensión.
Fue entonces cuando Roger Armando Marín Uc reiteró las amenazas y envió el video con la finalidad de intimidarla, el cual posteriormente fue publicado en una red social. Además, la contactó para condicionarla a retirar la demanda, advirtiendo que difundiría el material en escuelas y guarderías.
El video fue difundido en distintas ocasiones y enviado a personas cercanas a la víctima, con el propósito de presionarla para desistir de la acción legal.
Por estos hechos, el juez le impuso una sentencia de seis meses de prisión por el delito de violación a la intimidad personal o familiar, así como una multa de 7 mil 304 pesos.
Asimismo, recibió una pena de 15 años de prisión por el delito de extorsión, acompañada de una multa de 58 mil 432 pesos, además del pago de 52 mil 500 pesos por concepto de reparación del daño moral a la víctima.
La Fiscalía General del Estado destacó que esta sentencia es resultado de las pruebas presentadas durante el proceso, y reiteró su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la integridad y privacidad de las personas.