El exsecretario de Seguridad y su esposa, fueron sentenciados por corrupción y lavado de dinero; México recuperará propiedades e ingresos desviados desde la era de Calderón.

 

Miami, Florida (Marcrix, Noticias).- Una corte civil del condado de Miami dictó sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa Linda Cristina Pereyra, por un esquema de corrupción que derivó en el desvío de cientos de millones de dólares del erario mexicano. En total, ambos deberán pagar 2,488 millones de dólares al Gobierno de México.

La jueza Lisa Walsh, resolvió que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 626 dólares, mientras que su esposa está obligada a cubrir mol 740 millones 540 mil dólares, tras determinarse su participación directa en los actos ilícitos. 

La sentencia se dio este 22 de mayo durante una audiencia virtual a las 9:30 horas, tiempo local de Miami.

La demanda fue presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en la que se acusó al exfuncionario ya una red de 57 personas físicas y morales de utilizar contratos gubernamentales para enriquecerse ilegalmente, transferir recursos a paraísos fiscales y adquirir propiedades en Florida.

Durante el juicio, el abogado Carlos A. Acevedo, representante de la UIF, expuso que ni García Luna ni Pereyra, respondieron formalmente a la demanda. 

El exsecretario de Seguridad, quien actualmente cumple una condena de 38 años de prisión por narcotráfico en una cárcel federal de Virginia, fue declarado culpable en ausencia.

En este proceso civil se han asegurado al menos 19 propiedades vinculadas al exfuncionario y sus cómplices, las cuales ya están siendo liquidadas para resarcir el daño económico.

La periodista Peniley Ramírez, quien dio a conocer los detalles en Radio Fórmula, señaló que el monto en pesos mexicanos equivale a más de 48 mil millones, suma que será cobrada incluso si en el futuro la pareja recibe ingresos o posesiones.

El gobierno de México aseguró que García Lun,a operó una red de empresas fachada que obtuvo 30 contratos con dependencias de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón, desviando más de 650 millones de dólares que fueron blanqueados en el extranjero.

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