Senado aprueba en comisiones reforma a la Ley de Amparo y la turna al Pleno para su votación
Con el respaldo de la mayoría oficialista, el Senado avaló en comisiones la reforma a la Ley de Amparo, que amplía el concepto de interés legítimo y restablece sanciones a funcionarios que incumplan sentencias
Ciudad de México. (Marcrix Noticias).- El Senado de la República aprobó en comisiones la reforma a la Ley de Amparo, junto con modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales fueron turnadas al Pleno para su discusión y eventual votación. El dictamen fue avalado con 232 votos a favor por parte de los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra con 12 votos.
Uno de los principales cambios a la Ley de Amparo consiste en ampliar el concepto de interés legítimo, que ahora podrá ser ejercido de forma individual o colectiva, sin que sea necesario acreditar que la afectación sea actual. De esta manera, los ciudadanos podrán promover juicios de amparo ante actos de autoridad que potencialmente vulneren sus derechos.
La reforma también restablece la posibilidad de sancionar a los servidores públicos que incumplan con las sentencias dictadas en juicios de amparo. Con ello, se busca que las autoridades asuman responsabilidad directa, en lugar de que el Estado absorba las multas o consecuencias legales por sus omisiones.
En materia fiscal, el dictamen plantea excluir del ámbito del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ciertas resoluciones fiscales que ya hayan quedado firmes, con el objetivo de evitar la reapertura de litigios previamente resueltos. Esta disposición ha generado críticas por parte de la oposición, que advierte un posible retroceso en el acceso a la justicia para los contribuyentes.
Senadores de oposición señalaron que la reforma representa un riesgo para los derechos humanos y un retroceso respecto a los avances logrados con la reforma constitucional de 2011 y la Ley de Amparo de 2013. A pesar de las críticas, el bloque oficialista busca que el dictamen sea discutido y votado en el Pleno en los próximos días, donde se prevé su aprobación final.