Comunidades mayas acusan que las autoridades siguen retrasando el proceso legal del Tren Maya y denuncian que no hay justicia para los pueblos afectados por la obra.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– A cinco años del inicio del proceso legal contra el Tren Maya, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) volvieron a aplazar la audiencia clave del juicio de amparo promovido en 2019, por comunidades mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, junto con la organización Territorios Diversos para la Vida (Terra Vida).
La audiencia, programada para el pasado 10 de julio, no se celebró, generando frustración entre los defensores del territorio.
La demanda busca frenar en su totalidad el megaproyecto ferroviario impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los constantes retrasos en el proceso judicial han generado críticas por parte de los pueblos mayas, quienes acusan a las dependencias federales de usar estrategias para dilatar la resolución del caso.
La abogada Viridiana Maldonado, integrante de Terra Vida y representante legal de las comunidades, denunció que Semarnat y Fonatur argumentaron nuevamente no haber recibido los dictámenes periciales presentados por la parte quejosa, pese a que estos documentos están digitalizados en el expediente desde hace un año.
“Esto ya lo habían dicho para aplazar las audiencias de mayo y junio. Es un patrón para entorpecer el proceso”, señaló.
Maldonado advirtió que este tipo de prácticas violan el debido proceso, el cual establece que los juicios deben resolverse en un plazo razonable.
“Llevamos cinco años sin una resolución siquiera de primera instancia, cuando un juicio de este tipo debería durar, en promedio, entre un año y ocho meses o hasta dos años”, explicó.
Por su parte, Sara López, defensora del territorio en Candelaria, Campeche, expresó su indignación por la falta de justicia. “Tenemos cinco años luchando por los impactos ambientales y sociales que ha generado esta obra, y lo único que vemos es que no les importa lo que pasa en los pueblos. No hay justicia para nosotros”, afirmó.
Según las periciales realizadas por especialistas de la UNAM en conservación biológica y urbanismo, el Tren Maya ha alterado los servicios ecosistémicos de la selva, fragmentado territorios, y transformado el modo de vida de las comunidades mayas.
Las modificaciones más evidentes incluyen la construcción de puentes elevados que dificultan el tránsito de personas mayores, el relleno de humedales, la presencia de fauna en zonas urbanas debido a la pérdida de hábitat, y un alza en los precios de productos, rentas y servicios por la llegada de trabajadores externos.
En comunidades como Xpujil, se han registrado casos como la aparición de un jaguar en zonas habitadas. En Calakmul, además, los habitantes han denunciado el aumento del crimen organizado, desapariciones, prostitución, drogadicción y una fuerte presencia militar desde el inicio de la obra.
Las comunidades también han documentado impactos culturales. La defensora Sara López subrayó que el megaproyecto afecta no solo la tierra y el agua, sino también la identidad y el patrimonio de los pueblos mayas. “Estamos defendiendo nuestra lengua, nuestras zonas arqueológicas, nuestros árboles y animales. Eso es lo que queremos proteger”, dijo.
Terra Vida sostiene que la Semarnat, como autoridad que autorizó el proyecto en la administración pasada, tiene la responsabilidad de responder legalmente ante los posibles actos y omisiones violatorias de derechos humanos.
“Sí o sí tienen que ser analizadas todas las pruebas. Este juicio no es sólo por nosotros, es por toda la Península y por el país”, concluyó Maldonado.
Con información de Animal Político.