El máximo tribunal revocó un amparo previo y confirmó el fallo que ordena a Primero Empresa Minera liquidar su deuda fiscal con Hacienda.
Ciudad de México (Marcrix Noticias). — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp, deberá pagar un crédito fiscal por 2 mil 868 millones 853 mil pesos, correspondiente a adeudos de impuesto sobre la renta y empresarial a tasa única del ejercicio 2012, además de recargos, actualizaciones y multas.
Por unanimidad, el pleno de la Corte avaló el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien revocó un acuerdo emitido en febrero pasado por la entonces presidenta Norma Piña Hernández, que había admitido un amparo presentado por la minera. Con esta resolución, se desecha de manera definitiva el recurso promovido por la empresa.
Durante la sesión, Batres explicó que la compañía buscó aplazar la resolución alegando que mantenía un diálogo con autoridades fiscales para negociar su deuda, pero la ministra aclaró que no existe un mecanismo legal que permita esa prórroga.
“No observamos que exista ningún tipo de mecanismo alternativo de solución en la normativa; por lo tanto, mantenemos el proyecto de resolución”, señaló la ministra.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) argumentó que el caso carecía de relevancia constitucional y que los hechos invocados por la empresa no sustentaban la inconstitucionalidad de las leyes impugnadas. La Corte coincidió con Hacienda, subrayando que los planteamientos ya habían sido resueltos en amparos anteriores.
Además, el 23 de octubre, la SCJN impuso una multa de 70 UMA (aproximadamente 8 mil pesos) a Primero Empresa Minera por promover un recurso infundado contra la ministra Yasmín Esquivel, con el objetivo de retrasar el proceso.
“Es evidente que lo hacen con el fin de prolongar el conflicto”, advirtió la ministra María Estela Ríos al destacar el carácter ejemplar de la sanción.
Con esta decisión, la Corte pone fin a una disputa legal de más de una década y reafirma el principio de obligación tributaria para las empresas extranjeras que operan en territorio mexicano