Álvarez Puga envió dinero a casi 90 cuentas ligadas a políticos, empresarios y figuras del espectáculo.
Ciudad de México.- El caso del abogado Álvarez Puga, acusado de operar esquemas de facturación falsa y desvíos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sumó nuevos elementos tras revelarse el posible destino de una parte del presunto desfalco de 3 mil millones de pesos provenientes de la Secretaría de Gobernación.
La información obtenida por periodistas muestra que parte de esos recursos públicos se habría dispersado en una red de casi 90 cuentas bancarias, asociadas a perfiles políticos, empresariales y del entretenimiento. El hallazgo reactiva un expediente que se originó durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación.
El análisis se concentró en una muestra de 125 millones de pesos, suficiente para documentar el movimiento de fondos hacia decenas de cuentas particulares. La dispersión se realizó por transferencias fragmentadas, lo que permitió ocultar temporalmente el origen del dinero y dificultó su rastreo posterior.
Documentos revisados refieren depósitos relacionados con:
- El hijo del exgobernador Arturo Montiel
- El hijo del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados
- Un nieto de Elba Esther Gordillo
- El exyerno de Ricardo Salinas Pliego
- Un deportista entonces casado con Galilea Montijo
La mayoría de los señalados no respondió a solicitudes de posicionamiento.
Álvarez Puga fue identificado como uno de los principales operadores de esquemas de desvío mediante empresas fachada durante el sexenio anterior. La Fiscalía General de la República lo acusa, junto con su esposa, Inés Gómez Mont, de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
El abogado permanece detenido en Estados Unidos por violaciones migratorias y busca asilo político; su proceso continúa abierto mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses no reportan nuevos avances.
Las autoridades consideran que la identificación de cuentas receptoras podría abrir nuevas líneas de investigación y ampliar el alcance del caso. La ruta del dinero es clave para determinar eventuales responsabilidades y confirmar si existieron redes de protección institucional que permitieron la operación del esquema durante años.