Fue trasladado esta tarde al Penal del Altiplano, en el Edomex, por el caso judicial del secuestro de la periodista Lydia Cacho
CDMX (Marcrix Noticias).— El ex gobernador de Puebla, Mario Marín, quien llevaba medio año en prisión domiciliaria por el caso judicial en el secuestro de la periodista y escritora Lydia Cacho, regresó al Penal del Altiplano ante el riesgo de que pueda darse a la fuga.
Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República trasladaron al Gober Precioso desde la capital poblana al centro penitenciario de alta seguridad en el Estado de México.
Allí, en el Altiplano, continuará con su proceso judicial por tortura contra la periodista Lydia Cacho.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo la revocación de prisión domiciliaria que tenía Marín por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido en contra de la periodista.
Lo anterior, luego de que el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, revocó la medida cautelar de prisión domiciliaria otorgada por una Jueza penal.
Elementos de la Guardia Nacional, dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplimentaron la determinación de dicho Tribunal.
Mario Marín se encontraba bajo prisión domiciliaria, con brazalete electrónico y supervisión directa desde agosto de 2024.
Sin embargo, la FEMDH, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), impugnó la decisión por considerar que no se ajustaba a derecho, por lo que se le internará en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”.
La decisión del Tribunal de Alzada establece que la resolución dictada en beneficio del imputado careció de fundamentación adecuada, no valoró los riesgos procesales y omitió considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados.
Por su parte, el Ministerio Público Federal (MPF), enfatizó la trascendencia nacional del asunto, no sólo por la naturaleza del delito de tortura, sino por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión, en un contexto de uso ilegítimo de las instituciones del Estado para reprimir el derecho a la información.
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