Considera necesario el diseño de una Ley General de Extorsión
CDMX (Marcrix Noticias).— La Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada por el Gobierno Federal representa un paso indispensable frente a un delito que afecta gravemente al sector productivo y vulnera la seguridad de millones de personas, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Señaló que se valora la respuesta coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina, la FGR, la Guardia Nacional y el CNI.
“Sin embargo, advertimos que, para que tenga un impacto real, debe acompañarse de reformas legales profundas que garanticen su efectividad”, agregó la Coparmex.
Afirmó que es urgente expedir una Ley General de Extorsión que permita articular acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las llamadas puertas giratorias.
“Esperamos que los primeros ocho estados donde se aplicará esta estrategia sean el punto de partida para una cobertura nacional”, abundó el organismo patronal.
Recordó que en México, cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión, lo que en conjunto ha generado pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 2024.
En el caso de los socios Coparmex, 12.8% de ellos ha sido víctima de extorsión, principalmente por vía telefónica (70.5%). Este fenómeno impacta la toma de decisiones empresariales: 49.5% de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para crecer, dijo.
Aseguró que la creación de Unidades Antiextorsión locales es una medida necesaria y resultará viable siempre que cuenten con personal capacitado, leyes aplicables y capacidad de respuesta inmediata.
“Coincidimos en la importancia del uso de inteligencia y análisis criminal para desmantelar redes que operan al margen de la ley (o en contubernio con algunas autoridades), y que hoy tienen en la extorsión su principal fuente de financiamiento”, abundó.
En particular, consideró urgente actuar con firmeza frente a las llamadas de extorsión que se realizan desde centros penitenciarios.
Destacó que es indispensable que los protocolos nacionales de atención a víctimas estén adaptados a las realidades regionales, porque un solo modelo no basta para una nación tan diversa.
“En entidades donde la extorsión telefónica predomina, se deben establecer procedimientos ágiles de denuncia, asesoría y protección. En zonas rurales o regiones con prácticas como el “cobro de piso”, deben intervenir directamente las fuerzas de seguridad para proteger a las comunidades y brindar acompañamiento institucional sostenido”, sostuvo la Coparmex.
La estrategia, dijo, debe prever atención especializada para víctimas de extorsión telefónica. Este tipo de delito, aunque no siempre se concreta, genera altos niveles de miedo y afecta emocionalmente a quienes lo padecen.
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