La implementación de cobros en acceso a la zona arqueológica y al Parque Nacional Tulum a residentes locales ha provocado protestas por parte de la comunidad, que denuncia un incumplimiento de la Ley Federal de Derechos
Tulum (Marcrix Noticias)-El esquema de acceso a la zona arqueológica y al Parque Nacional Tulum ha cambiado significativamente en los últimos sexenios, generando descontento entre residentes locales, quienes denuncian la imposición de cobros indebidos y el uso de fuerzas militarizadas para reprimir protestas.
Los primeros cambios datan de 1975, cuando la Federación transformó Tulum en un destino turístico, desplazando a los abuelos mayas que realizaban ceremonias en la zona. En años recientes, las medidas se han endurecido: se modificaron accesos, se reubicaron artesanos y comerciantes, y se implementaron nuevos cobros incluso para residentes quintanarroenses.
La situación se agravó con la gestión actual. Según los afectados, la directora del Parque Jaguar, María del Carmen Morales Pérez, ha incumplido el Artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, que exime del pago a los residentes de localidades contiguas al Área Natural Protegida. Pese a la ley, se han impuesto tarifas a locales que llevan décadas viviendo en la franja costera.
Protestas y militarización
Residentes locales y extranjeros, afectados por esta medida, protestaron recientemente, denunciando el envío de la Guardia Nacional para reprimir su manifestación. Este acto ha sido interpretado como una muestra de la creciente militarización en proyectos turísticos y de infraestructura del estado, como el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum.
Fundamento legal ignorado
El Artículo 198 de la Ley Federal de Derechos establece que los residentes de comunidades contiguas a Áreas Naturales Protegidas están exentos de pagar derechos de acceso. Para ello, solo deben presentar una identificación oficial o una certificación emitida por la autoridad competente. Ejemplos claros incluyen a pescadores locales y habitantes de la región, quienes deberían disfrutar de este beneficio.
Sin embargo, los residentes locales afirman que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) actúa de forma arbitraria, ignorando los usos y costumbres de la comunidad y aplicando medidas desde un enfoque centralista.
Impacto social y legal
El conflicto ha expuesto una problemática más amplia: la presencia de extranjeros que, bajo el pretexto de ser turistas, trabajan de manera irregular en la región. Mientras las autoridades buscan aplicar la ley a los locales, los residentes exigen que estas medidas se extiendan a quienes no cumplen con un estatus migratorio regular.
Los afectados han dejado claro que continuarán con sus demandas legales y sociales para garantizar el respeto a sus derechos, mientras el conflicto pone de manifiesto los retos de equilibrio entre el desarrollo turístico y la preservación de las comunidades locales en Quintana Roo.