La salida ocurre tras la reciente reforma que reduce el periodo del cargo y devuelve a la gobernadora Rocío Nahle la facultad de designar a su relevo.
Veracruz (Marcrix Noticias).– Verónica Hernández Giadáns, presentó su renuncia a la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, cargo que desempeñaba desde 2019, luego de que entrara en vigor la reforma constitucional que modifica el periodo del fiscal y restituye al Poder Ejecutivo estatal la facultad de proponer a su sustituto.
La dimisión fue recibida como trámite urgente por el Congreso local y posteriormente aprobada por mayoría de las y los diputados, con lo que concluye de manera anticipada el periodo de nueve años para el que había sido electa en 2020.
En su escrito, Hernández Giadáns expresó que coincide con la “bondad” de la reforma al considerar que fortalece la eficacia y eficiencia de la institución.
La exfiscal destacó que su decisión se da en respaldo al nuevo marco constitucional que otorga a la gobernadora Rocío Nahle García la atribución de designar y remover al titular de la FGE, a través de una propuesta que deberá ser avalada por el Congreso del Estado.
De manera paralela, el Poder Legislativo también aprobó la licencia por un año de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, integrante del Tribunal Superior de Justicia, quien es señalada como la principal aspirante para ocupar la titularidad de la Fiscalía.
En su balance de gestión, Hernández Giadáns aseguró que durante más de seis años al frente de la FGE se impulsaron acciones de profesionalización del personal, homologación salarial, fortalecimiento de áreas operativas y mejoras en infraestructura, como la construcción de unidades forenses y edificios administrativos en distintas regiones del estado.
Asimismo, subrayó que su administración enfrentó retos constantes en materia de procuración de justicia, pero afirmó que se avanzó con el respaldo de autoridades estatales, fuerzas federales y municipales.
Tras la renuncia, el Congreso de Veracruz deberá recibir la propuesta de la gobernadora para el nombramiento del nuevo fiscal o fiscal general, la cual deberá ser aprobada por mayoría calificada en un plazo máximo de cinco días hábiles, conforme a la nueva legislación vigente.
Con información de Milenio y de La Silla Rota.