El decreto publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum fija límites a remuneraciones y ordena ajustar pensiones vigentes en empresas del Estado.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La reforma contra las pensiones “doradas” entró en vigor este sábado tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para limitar las remuneraciones en el sector público.
El decreto modifica el Artículo 127 de la Constitución y establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir un salario igual o mayor al de su superior jerárquico, salvo en casos específicos relacionados con funciones técnicas, especialización o acumulación de empleos.
Reforma fija límites a remuneraciones públicas
El documento señala que, en estos casos excepcionales, la suma de percepciones no deberá superar la mitad del salario asignado a la persona titular del Ejecutivo Federal.
“La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”, se indica en el decreto.
La medida impacta a exfuncionarios de empresas estatales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, donde se habían identificado esquemas de pensiones superiores a los límites establecidos.
Pensiones vigentes deberán ajustarse
El decreto establece que todas las jubilaciones y pensiones que no estén dentro de las excepciones deberán ajustarse al nuevo tope, incluso si fueron otorgadas antes de la entrada en vigor.
Sin embargo, el texto también precisa que los haberes de retiro previamente reconocidos se conservarán en los términos en que fueron otorgados, conforme al marco constitucional vigente en su momento.
Excepciones y plazos de implementación
Quedan excluidas de la aplicación de la reforma las Fuerzas Armadas, así como las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro y aquellas integradas por aportaciones sindicales.
Asimismo, se establece un plazo máximo de 90 días naturales para que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales armonicen sus marcos legales con lo dispuesto en la reforma contra las pensiones “doradas”.