El crimen organizado utiliza tecnología de bajo costo para monitorear comercios y planificar extorsiones en diversos municipios del estado.
Nacional (Marcrix Noticias) – La tranquilidad de los barrios en el norte del país se ha visto fracturada por un enemigo silencioso que observa desde las alturas. Actualmente, las redes de videovigilancia clandestina se han convertido en la herramienta principal de los grupos delictivos para controlar el territorio tamaulipeco. Estos dispositivos, instalados ilegalmente en postes de infraestructura pública, permiten a los criminales vigilar cada movimiento de los ciudadanos y de las fuerzas de seguridad en tiempo real.
El origen del monitoreo criminal en la región
La profesionalización de este sistema de espionaje no es reciente, pues tiene sus raíces en los años 2007 y 2008. Durante ese periodo, grupos como Los Zetas comenzaron a implementar tecnología para blindar sus zonas de operación. Lo que inició como una estrategia para rastrear patrullas militares, evolucionó hacia un control social total.
Manuel Balcázar Villarreal, investigador del CESIG, explica que el modelo de dominio territorial cambió con estos actores disruptivos. Según el especialista, los delincuentes comprendieron que debían vigilar vías de comunicación y puntos estratégicos como gasolineras y cantinas. Esta estrategia les permite extraer información valiosa para sus actividades ilícitas sin necesidad de presencia física constante.
Evolución técnica de las redes de videovigilancia clandestina
La infraestructura utilizada para estas redes de videovigilancia clandestina aprovecha los recursos del propio Estado y de empresas privadas. Los criminales instalan cámaras tipo PTZ con movimiento remoto, ocultas en cajas de registro falsas. Para su funcionamiento, se cuelgan de la red eléctrica y utilizan conexiones Wi-Fi que envían la señal a centros de monitoreo ocultos.
El crecimiento de estos decomisos ha sido alarmante en los últimos meses. Mientras que en 2024 se reportaron pocas unidades, para el año 2025 la cifra de dispositivos incautados ascendió a 352 equipos. Esto representa prácticamente el desmantelamiento de una cámara por día en territorio tamaulipeco. El fenómeno se ha extendido desde la zona fronteriza hasta municipios del sur como Tampico, Madero y Altamira.
Impacto en la seguridad y extorsión comercial
El uso de esta tecnología ha facilitado el aumento de delitos como el cobro de piso. Al observar los comercios las 24 horas, los delincuentes llevan una contabilidad precisa de las ventas de cada establecimiento. Gerson Mata Estrada, investigador del ITAM, señala que el objetivo ha mutado hacia el sometimiento de la vida cotidiana para diversificar el narcomenudeo.
“Saben cuánto venden los comercios y cuánto pueden exigir de cuota”, añade Balcázar Villarreal. Esta vigilancia constante se traduce en cifras negras: durante 2025, la extorsión en la entidad creció un 38% respecto al año anterior. La población vive bajo un estado de sospecha permanente, sabiendo que sus horarios y rutinas están siendo grabados.
Desafíos para las autoridades estatales
A pesar de los operativos, los expertos advierten que el Estado actúa de forma reactiva y no preventiva. Los hallazgos de estas centrales de monitoreo suelen ocurrir por denuncias anónimas o encuentros fortuitos, más que por inteligencia avanzada. Las organizaciones criminales incluso ya estarían explorando el uso de inteligencia artificial para mejorar su logística.
Para combatir las redes de videovigilancia clandestina, especialistas proponen fiscalizar la venta de equipos de telecomunicaciones y tipificar penalmente su instalación ilícita. Mientras tanto, en las calles de Tamaulipas, los ciudadanos han optado por el aislamiento, conscientes de que cualquier luminaria podría esconder el lente de un grupo delictivo.