El imputado salió del Cereso sin custodia para casarse; abogados denuncian corrupción y falsificación de documentos oficiales.

Cancún, (Marcrix Noticias)– Un presunto caso de corrupción dentro del sistema penitenciario de Quintana Roo ha salido a la luz tras revelarse que Jimher Jhovan “N”, imputado por violación agravada, fue visto fuera del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún contrayendo matrimonio, sin autorización judicial ni custodia de personal penitenciario.

El hecho ocurrió el 9 de julio de 2025, cuando el imputado fue captado en las oficinas del Registro Civil de la Supermanzana 92 en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Esta situación fue denunciada por el abogado de la víctima, Gabino Andrade, quien calificó la salida como una burla al sistema de justicia y un acto de corrupción sistemática.

Jimher Jhovan “N” enfrenta un proceso penal por violación agravada en perjuicio de una mujer a la que habría agredido en dos ocasiones: la primera en 2015 y la más reciente en abril de 2023. Desde mayo de 2023 se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa, una medida que debía asegurar su permanencia dentro del penal.

Salidas sin custodia y documentos falsos

De acuerdo con la defensa de la víctima, esta no sería la primera vez que el imputado sale del penal sin vigilancia. Existen indicios de que ha abandonado la prisión al menos en tres ocasiones.

Además, la celebración del matrimonio se habría realizado utilizando una acta conyugal presuntamente falsa, supuestamente emitida en Kanasín, Yucatán. Sin embargo, tras verificar el folio, autoridades del estado confirmaron que el documento no está registrado ni digitalizado, lo que podría configurar el delito de falsificación de documentos oficiales.

Denuncias por corrupción y riesgo a la víctima

Los representantes legales de la víctima presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo y la Fiscalía General del Estado, señalando posibles responsabilidades de funcionarios penitenciarios, personal del Registro Civil y otros servidores públicos que habrían facilitado la evasión.

“Esto no es un error administrativo, es corrupción. La víctima tiene miedo real de que su agresor recupere la libertad o siga manipulando el sistema desde el penal”, afirmó Andrade.

Audiencia pendiente y presión social

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que la defensa del imputado busca cambiar la prisión preventiva por otra medida menos restrictiva, alegando que no representa un riesgo procesal. Sin embargo, la parte acusadora solicitó que las recientes irregularidades sean consideradas como prueba de que sí existe dicho riesgo.

El caso, registrado bajo la carpeta FGE/QR/BJ/05/10886/2023, ha causado indignación entre colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen una investigación profunda y sanciones ejemplares a los funcionarios que resulten responsables de facilitar estas irregularidades.