El nuevo Plan de Acción para la conservación de la vaquita marina elaborado por el Gobierno de México, que debería entrar en operación a más tardar hoy (28 de febrero), fue rechazado en su primera versión por la Secretaría General de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), reveló la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La estrategia enviada desde el pasado 9 de febrero a través de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, tenía el objetivo de cumplir con el mandato del Comité Permanente de la CITES, conformado por los países que representan a las seis regiones geográficas del mundo, que en noviembre de 2022, aprobó un ultimátum para que México presentara a más tardar el 28 de febrero de 2023, una estrategia efectiva y medible para evitar la extinción de la vaquita marina.
En una tarjeta informativa entregada a Excélsior, la Profepa dio a conocer que la Secretaría General de la CITES hizo observaciones a México y pidió cambios en la primera versión del nuevo plan, para que se incluyan los pasos y plazos de las acciones, así como una línea base que sirva como guía para evaluar el cumplimiento de la estrategia.
“El 17 de febrero, se recibieron los comentarios de la Secretaría CITES, recomendando que se elaborara un formato diferente, que las acciones puntuales se organizaran en 4 o 5 grupos principales y se estableciera una jerarquización, los pasos y plazos para asegurar el cumplimiento e incluir la línea base e indicadores para evaluar su acatamiento.
El 22 de febrero, se reunieron las dependencias que participan en el GIS (Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California), con el propósito de atender las recomendaciones de la Secretaría CITES y concluir la elaboración del Plan de Acción, para su entrega oportuna.
El 24 de febrero, la UCAI (Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat), envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores la versión definitiva del Plan de Acción, validado por los integrantes del GIS, con la finalidad que se entregue a la Secretaría CITES y se cumpla oportunamente con la recomendación del Comité Permanente”, indicó la Profepa.
La resolución del Comité Permanente de la CITES, establece que en caso de que México no cumpla con la resolución o que el Plan de Acción no sea suficiente a consideración de la comunidad internacional, se prohíba la venta al exterior de especies mexicanas protegidas, partes o derivados, como es el caso de las aletas de tiburón, caballitos de mar, piel de cocodrilo, caoba o candelilla, entre otras, lo que impactaría principalmente en los ingresos de pequeñas comunidades.
El pasado 17 de febrero, este diario publicó una entrevista con la titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera, quien informó que el nuevo Plan de Acción para la vaquita marina incluye un “compromiso real y efectivo de las autoridades pesqueras” (Conapesca – Inapesca), para eliminar las redes de enmalle en la región, y la colocación de dispositivos de geolocalización satelital en las embarcaciones menores (pangas).
Subrayó que se trabajará en “operativos reales”, con valor, estrategia e inteligencia, así como el uso de la fuerza pública para obtener resultados positivos y evitar que los presuntos traficantes de buche de Totoaba utilicen como escudo a niños y mujeres, con el fin de generar una confrontación con las autoridades.
También dijo que serán muy consistentes en la vigilancia de puertos, aeropuertos y fronteras para evitar el tráfico ilegal de vejiga natatoria o buche de Totoaba, altamente cotizada en el mercado negro de China.
El primer documento enviado a la CITES, plantea que la nueva estrategia, “responde ampliamente a las inquietudes compartidas por la Secretaría General” durante la segunda visita a México, entre mayo y junio de 2022, de la misión de observadores, abordando aspectos relativos a la entrada de pescadores y embarcaciones a la Zona de Tolerancia Cero y la presencia de redes ilegales.
Además de la salida y llegada de embarcaciones desde puntos no autorizados; la imposición de sanciones a los infractores y la eficiencia de la vigilancia en la Zona de Tolerancia Cero.