El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reveló al mundo la existencia de un complejo criminal en el municipio de Teuchitlán: el Rancho Izaguirre.

Guadalajara (Marcrix Noticias)-A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, el caso se ha convertido en uno de los símbolos más contundentes de la crisis de desapariciones en Jalisco. Restos calcinados, cientos de prendas y evidencias de adiestramiento criminal sugieren que el lugar operó durante años como un centro de reclutamiento y exterminio. Sin embargo, mientras las familias buscadoras insisten en profundizar las investigaciones, la respuesta institucional ha oscilado entre avances parciales, omisiones y el riesgo de que la magnitud del caso se diluya con el tiempo.

El hallazgo que cimbró a Jalisco

El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reveló al mundo la existencia de un complejo criminal en el municipio de Teuchitlán: el Rancho Izaguirre. Lo que inicialmente fue resguardado por autoridades federales en septiembre de 2024 como un predio bajo investigación se transformó —tras la intervención de las familias buscadoras— en el símbolo de un sistema de violencia institucionalizada.

En el sitio se reportó la localización de indicios de inhumaciones clandestinas. Además, presentaba señales claras de haber sido utilizado como un espacio de reclutamiento forzado y exterminio.

Tras el procesamiento inicial del lugar se determinó que en el rancho se localizaron 1,844 artículos y prendas de vestir, entre ropa, calzado, gorras y mochilas, que podrían pertenecer a víctimas de reclutamiento forzado o desaparición.

Un año después: inseguridad y abandono

A un año del hallazgo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco conmemora la fecha en medio de la inseguridad y la falta de apoyo institucional.

Su representante, Indira Navarro Lugo, explicó que las líneas de investigación indican que la intervención actual en el rancho ha cubierto aproximadamente 64.4% de la superficie del predio.

En cuanto a los avances periciales, detalló que se han obtenido alrededor de 50 muestras de ADN de prendas encontradas, y que actualmente se trabaja en la confrontación genética con familiares que han reconocido algunos de estos objetos. También se han tomado muestras de ADN de restos óseos calcinados, aunque no se ha informado públicamente cuántas han resultado positivas.

Navarro Lugo expresó además su preocupación por la persistente inseguridad en la región y por la disminución del apoyo oficial a las labores de búsqueda.

“Seguimos en la espera pidiendo justicia, no solo nosotros sino todas las víctimas. Es algo que nunca se va a olvidar. Es algo que queda latente en nuestras mentes y queremos que se llegue a la verdad y que caiga todo el peso de la ley por estos jóvenes”, declaró.

La activista explicó que, tras los recientes bloqueos y hechos de violencia relacionados con la detención y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el colectivo se vio obligado a suspender temporalmente sus búsquedas para no poner en riesgo a las familias.

Aunque las actividades se reanudaron recientemente, la participación es limitada debido al temor y a la falta de seguridad. Según Navarro Lugo, la Guardia Nacional —con la que normalmente coordinan las jornadas de búsqueda— declinó brindar apoyo, argumentando falta de personal y condiciones de riesgo en la zona. Otros colectivos también han reportado cancelaciones de acompañamiento por parte de la Comisión de Búsqueda y de corporaciones federales.

“Tuvimos que suspender porque la situación no estaba para exponer a las víctimas. Se comentaba que estaban buscando dar algún golpe que impactara al Estado o a la sociedad. Terminamos suspendiendo por varios días y apenas hoy se retomó una búsqueda, pero el temor sigue latente. Son pocas las personas que han acudido porque no hay seguridad”, explicó.

Vínculos con el CJNG

Sobre la posible relación de “El Mencho” con el Rancho Izaguirre, Navarro Lugo señaló que, aunque no existen indicios de que operara directamente en el sitio, sí había vínculos con la estructura criminal que controla la delincuencia organizada en Jalisco.

Indicó que José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, señalado como uno de los operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, habría sido responsable del reclutamiento. Tras su detención, añadió, su pareja, conocida como “La Leona”, habría quedado a cargo de esa estructura en distintos puntos de la región, incluidos Ahualulco y otros sitios utilizados para el mismo fin.

Indicios que siguen apareciendo

Navarro Lugo informó que hace aproximadamente dos semanas el colectivo acudió nuevamente al rancho con autorización de la Fiscalía General de la República.

Durante esa visita localizaron prendas, pequeños fragmentos de hueso y frascos tipo mostaza con líquidos extraños, algunos de ellos reventados. Los indicios se encontraron en los alrededores de las bodegas y en zonas exteriores del predio, lo que refuerza la hipótesis de que aún hay áreas del lugar que no han sido procesadas.

También señaló que existen órdenes de aprehensión pendientes, así como elementos que podrían derivar en acciones legales contra funcionarios públicos, aunque por estrategia se espera el momento procesal adecuado para ejecutarlas.

Una conmemoración en medio de la violencia

Este jueves se cumple un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, un hecho que marcó profundamente al colectivo.

La conmemoración se realizará de manera simbólica y a nivel nacional, ante la imposibilidad de organizar actos masivos debido al contexto de violencia. Diversos colectivos fueron convocados a encender una veladora y, en algunos casos, colocar prendas o calzado en memoria de las víctimas.

La acción busca mantener viva la exigencia de justicia y recordar que la herida sigue abierta.

El reclutamiento que sigue creciendo

Mientras tanto, la crisis de desapariciones en Jalisco continúa agravándose.

Indira Navarro advirtió sobre el aumento del reclutamiento de jóvenes —incluso menores de 13 años— y criticó la falta de campañas de prevención por parte del gobierno estatal. Señaló que en algunas búsquedas han localizado jóvenes originarios de Honduras que habían sido captados por redes del crimen organizado.

Por su parte, Alejandra Maritza Cartagena López, consejera honorífica del Sistema Nacional de Búsqueda, expresó preocupación por el reclutamiento creciente de mujeres y adolescentes por parte de grupos delictivos.

“Estamos viendo reclutamiento de menores, adolescentes, hombres, pero también de mujeres. Algunos testimonios indican que las niñas y las jóvenes son llevadas a la delincuencia organizada para cumplir roles de género impuestos. La situación en Jalisco es grave”, señaló.

Hallazgos que desmontan la narrativa oficial

Las investigaciones y los indicios encontrados han permitido documentar la sistematicidad con la que operaba el lugar.

La evidencia del exterminio

Frente a la postura inicial de la Fiscalía General de la República, que minimizó la presencia de restos calcinados, se documentaron zonas de quema y cenizas que, según análisis satelitales reportados, datan desde 2019. Esto sugiere un uso prolongado del predio.

Infraestructura del cautiverio

En el sitio se localizaron indumentaria táctica, pertenencias personales y estructuras que sugieren que las víctimas no solo eran abandonadas en el lugar, sino que permanecían cautivas para adiestramiento o trabajos forzados.

Negligencia institucional

Diversas organizaciones han denunciado deficiencias en la cadena de custodia, pérdida de indicios y falta de registro fotográfico adecuado por parte de autoridades locales. Ante ello, familiares y activistas crearon bases de datos independientes para facilitar la identificación de prendas y pertenencias.

A 12 meses del hallazgo, el Rancho Izaguirre se ha convertido en un símbolo de la “desaparición de la desaparición”. Mientras las autoridades intentan cerrar el caso o minimizar la magnitud del sitio, la persistencia de los Guerreros Buscadores mantiene viva la exigencia de que el lugar sea investigado con rigor.

El Rancho Izaguirre no representa un hecho aislado, sino la evidencia de una maquinaria de violencia que el Estado no ha logrado —o no ha querido— desarticular.

Detenciones y sentencias

Hasta ahora suman 17 personas detenidas relacionadas con delitos cometidos en el rancho.

Entre ellas se encuentran 10 sujetos detenidos en septiembre de 2024, Lennin “N” (o Kevin “N”), David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N”, posteriormente sentenciados por desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado.

En julio de 2025, el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial dictó una sentencia de 141 años y tres meses de prisión para cada uno de ellos.

Sin embargo, una sala penal del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco modificó posteriormente la pena tras un recurso de apelación de la defensa. Aunque los acusados continúan siendo culpables, el fallo fue revisado y aún pueden recurrir a la justicia federal mediante amparo.

Además, fueron detenidos tres expolicías del municipio de Tala, Gabriel “N”,  Emmanuel “A”, José Antonio “N”, este último ex jefe de la Policía Municipal, acusados de desaparición forzada.

También fue arrestado José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, señalado como responsable del reclutamiento de personas para el CJNG y de las operaciones en el Rancho Izaguirre. Junto con él fue detenida Abril “N”.

En febrero de 2026 fue capturada Alma “N”, alias “La Leona”, identificada como presunta sucesora de “El Lastra” en las labores de reclutamiento.

Asimismo, 12 servidores públicos —ocho funcionarios de la Fiscalía de Jalisco y cuatro peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses— son investigados por posibles omisiones en el procesamiento de evidencias. Esa investigación ya está judicializada pero no se realiza ni siquiera la audiencia de imputación.

Una justicia incompleta

Pese a las sentencias emitidas, el colectivo Guerreros Buscadores sostiene que la justicia es parcial.

Las condenas solo contemplan tres víctimas plenamente identificadas y 36 personas rescatadas con vida, mientras que en el lugar se encontraron cientos de fragmentos óseos y miles de prendas que podrían corresponder a otras víctimas.

Para las familias buscadoras, una sentencia sin identificación de los restos calcinados no representa justicia.

Acusan además que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no ha procesado ni una parte significativa de los hallazgos biológicos, lo que impide ampliar las responsabilidades penales.

También denuncian que, tras las sentencias, las autoridades declararon el lugar como “procesado”, pese a que cada vez que las familias regresan continúan encontrando nuevos indicios.

Para ellas, los 141 años de prisión dictados contra los responsables son una cifra que oculta la dimensión real de lo ocurrido.

Mientras el sistema judicial presume sentencias centenarias contra algunos operadores, en Teuchitlán la herida sigue abierta. La reciente detención de “La Leona” confirma que el Rancho Izaguirre formaba parte de un engranaje de reclutamiento forzado, una verdad que las familias buscadoras siguen defendiendo frente a una justicia que apenas ha rozado la superficie del caso.

A un año del hallazgo, el Rancho Izaguirre sigue siendo más que un predio en Teuchitlán: es un símbolo incómodo de la crisis de desapariciones en Jalisco. Mientras las autoridades exhiben sentencias centenarias contra algunos responsables, cientos de prendas, fragmentos óseos y testimonios aún esperan ser plenamente investigados e identificados. Para las familias buscadoras, la justicia no se mide en años de prisión, sino en nombres recuperados. Y mientras esos nombres sigan faltando, el rancho no será un caso cerrado, sino una herida abierta que insiste en recordar lo que el Estado todavía no logra explicar.