Profepa rechaza haber sido llamada, pese a que una asociación asegura su participación; juez ordenó demolición y restauración ambiental.

Tulum (Marcrix Noticias)-La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) declaró que desconocía el juicio ciudadano promovido contra el condominio Adhamar en Tulum, el cual derivó en una sentencia que la obliga a verificar la demolición del inmueble y la restauración del sitio.

A través de una respuesta oficial, la dependencia señaló que “Profepa no fue llamada a ese juicio, por lo que apenas está revisando la información, pero entiende que la sentencia aún no es firme, lo que significa que todavía puede ser recurrida”.

Asimismo, adelantó que interpondrá un recurso para impugnar la resolución judicial.

Acusan contradicciones

No obstante, la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) sostiene lo contrario: asegura que la Profepa sí estuvo enterada del proceso e incluso presentó argumentos durante el juicio.

“Es imposible que no sepan, porque esa autoridad es la denunciada, específicamente la representación de la Profepa en Quintana Roo, y por ello fue llamada a juicio e incluso contestó debidamente en las diligencias”, afirmó la abogada Irma Morales Cruz, integrante de DMAS.

De acuerdo con la defensora, la dependencia alegó en su momento que para la demolición del inmueble se necesitaba una autorización de impacto ambiental. Sin embargo, el juez determinó que Profepa no realizó una inspección adecuada ni garantizó una vigilancia efectiva.

La sentencia judicial

El juzgado octavo de distrito en Quintana Roo resolvió un juicio de amparo interpuesto por un residente de Tulum, en el que se reclamó la omisión de Profepa para hacer cumplir las medidas correctivas contra el proyecto inmobiliario.

El fallo ordena a la Procuraduría ejecutar de manera activa y oficiosa la restauración ambiental del sitio afectado, verificar la demolición del condominio y hacer efectivas las sanciones económicas, además de dar seguimiento a la denuncia penal por delitos ambientales presentada ante la Fiscalía General de la República.