El Poder Judicial de Perú ordenó cinco meses de prisión preventiva y activó una alerta nacional e internacional para detener a Betssy Chávez
Perú. (Marcrix Noticias).- El Poder Judicial de Perú dictó prisión preventiva y ordenó la captura internacional de Betssy Chávez, decisión que reactiva el caso por presunta rebelión en el contexto del fallido intento de disolución del Congreso encabezado por Pedro Castillo en diciembre de dos mil veintidós. El juez Juan Carlos Checkley resolvió que la ex primera ministra habría incumplido reiteradamente las obligaciones de su régimen de comparecencia, incluido el control biométrico, lo que justificó la revocación de la medida previa.
La resolución instruyó a la Policía Nacional, al área de Requisitorias y a Interpol a activar de inmediato las acciones para ubicar y detener a la ex funcionaria. Esta orden llega mientras Chávez permanece en la residencia de la embajada de México en Lima, donde recibió asilo diplomático, situación que detonó un grave deterioro en la relación bilateral hasta desembocar en el rompimiento de vínculos diplomáticos por parte del gobierno peruano.
En su fallo, el magistrado recordó que la Fiscalía documentó diversos incumplimientos que, a su juicio, evidencian riesgo procesal y justifican la prisión preventiva. La decisión también se sustenta en la magnitud de los delitos imputados, pues la investigación por rebelión y conspiración podría derivar en una condena de hasta veinticinco años de prisión, de acuerdo con el planteamiento del Ministerio Público.
La causa contra Chávez ha sido objeto de distintos episodios judiciales. Meses atrás, el Tribunal Constitucional ordenó que se revaluara la prisión preventiva al detectar presuntas inconsistencias en procedimientos previos; no obstante, la Corte Suprema ya había extendido el plazo de detención hasta marzo de dos mil veintiséis ante la complejidad de la pesquisa y el volumen de pruebas por analizar.
El caso avanza en un entorno marcado por la confrontación política y el debate diplomático. Mientras las autoridades peruanas aseguran que actúan conforme al marco legal interno, la situación del asilo concedido por México continúa generando fricciones y subraya la dimensión internacional de un proceso que aún está lejos de concluir.