PRI rechaza la Ley Maduro y alerta sobre riesgos para la democracia, el INE y la estabilidad institucional en México.

La bancada priista alertó sobre impactos institucionales, electorales y económicos si avanza la reforma electoral impulsada por Morena.

 

Ciudad de México, (Marcrix Noticias).- Los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión manifestaron su rechazo a la llamada Ley Maduro, una propuesta de reforma electoral impulsada por Morena que, a su parecer, pondría en riesgo la autonomía de las instituciones electorales y el equilibrio democrático del país.

En un posicionamiento fechado el 31 de enero, legisladores priistas señalaron que México atraviesa un momento decisivo para su democracia, al considerar que la iniciativa busca concentrar el poder político, debilitar a la oposición y someter a las autoridades electorales. De acuerdo con el documento, modificar las reglas del sistema electoral sin consensos amplios representa un retroceso institucional.

El pronunciamiento subraya que el Instituto Nacional Electoral ha sido, durante décadas, un pilar para garantizar elecciones libres, competitivas y confiables. A juicio del PRI, cualquier intento por reducir su autonomía abre la puerta al control político de los procesos electorales y elimina contrapesos fundamentales.

Los legisladores recordaron que las reformas electorales impulsadas en el siglo XX contribuyeron a la apertura democrática, al fortalecimiento del pluralismo y al reconocimiento legal de la oposición. En ese contexto, afirmaron que la Ley Maduro se aparta de ese legado al modificar las reglas con fines de permanencia en el poder.

Otro de los puntos señalados es el posible efecto de la reforma en la relación de México con socios internacionales. El documento advierte que un retroceso democrático puede generar incertidumbre política, afectar la confianza de inversionistas y debilitar acuerdos comerciales, al proyectar una imagen de inestabilidad institucional.

Según el posicionamiento, ninguna nación puede consolidarse como socio estratégico confiable si erosiona las reglas democráticas que garantizan certeza jurídica y económica.

 

Libertad de expresión y casos estatales

 

El PRI también expresó preocupación por lo que considera un patrón de intolerancia a la crítica en entidades gobernadas por el Movimiento Regeneración Nacional, donde se han documentado acciones contra medios de comunicación y periodistas. Afirmaron que estas prácticas representan señales de institucionalización de la censura.

Finalmente, los legisladores reiteraron que la democracia no pertenece a ningún partido ni gobierno, sino a la ciudadanía, y llamaron a defender la legalidad electoral, el pluralismo político y la libertad de expresión frente a cualquier intento de concentración del poder, como el que implica la Ley Maduro.

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