La iniciativa corrige la omisión de paridad de género y propone límites al gasto, ajustes en ayuntamientos y topes salariales en el INE y tribunales electorales.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– El denominado Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, avanza en el Senado con una propuesta centrada en cuatro ejes principales que contemplan cambios en revocación de mandato, reducción de gasto en congresos locales, ajustes en ayuntamientos y medidas de austeridad en el sistema electoral.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal envió un oficio para corregir un error detectado en la iniciativa original, en la que se omitió incluir el principio de paridad de género en artículos clave.
La dependencia aclaró que no existe intención de eliminar este principio, por lo que solicitó a las comisiones dictaminadoras subsanar la omisión antes de su discusión y eventual aprobación, garantizando que el texto final respete lo establecido en la Constitución.
De acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la iniciativa se enfoca en modificaciones a cuatro artículos constitucionales: 35, 115, 116 y 134.
En el Artículo 35 se plantea modificar la revocación de mandato para que este ejercicio de democracia directa pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, con la intención de que coincida con las elecciones concurrentes de junio de 2027.
Este ajuste permitiría que la persona titular del Ejecutivo participe en el proceso. Asimismo, se eliminó la propuesta que buscaba permitir consultas populares sobre temas electorales.
🔴La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal envió un oficio para corregir un error en la iniciativa de reforma constitucional sobre revocación de mandato. El documento reconoce que en la impresión original se omitió incluir el principio de paridad de género en artículos clave,… pic.twitter.com/yItXEz84pv
— Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026
Respecto al Artículo 115, se propone establecer un tope al número de regidores en los ayuntamientos en función de la población. Los municipios con menos de 60 mil habitantes tendrían un máximo de siete regidores; aquellos con hasta 800 mil habitantes, un límite de 12; mientras que las grandes ciudades no podrían exceder los 15 concejales.
Además, se contempla que cada municipio cuente únicamente con un síndico. En este apartado, también se reconoció la omisión del principio de paridad de género, la cual será corregida.
En el Artículo 116 se plantea que las legislaturas locales no podrán erogar más del 0.7% del presupuesto estatal anual, con el objetivo de reducir el gasto en los congresos y corregir disparidades, ya que en algunos estados se destinan hasta 38 millones de pesos por diputado.
Por su parte, el Artículo 134 incluye medidas de austeridad, al establecer que ningún trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE) ni de los tribunales electorales podrá percibir un salario superior al de la presidenta de la República. Además, se prohíben bonos, seguros privados de gastos médicos y cajas de ahorro especializadas.
Sin embargo, el proyecto también deja fuera algunos temas relevantes. No se contemplan cambios en los sueldos de diputados, ni la posibilidad de realizar consultas populares sobre asuntos electorales como la eliminación de legisladores plurinominales o el financiamiento a partidos políticos. Tampoco se incluyeron modificaciones en materia de elección judicial.
Otros aspectos podrían abordarse posteriormente en leyes secundarias, como la fiscalización, la transparencia en el uso de recursos de los partidos políticos y posibles topes salariales para dirigentes partidistas.
El Congreso trabaja contra reloj, ya que la legislación electoral debe aprobarse y publicarse a más tardar en mayo, debido a la restricción constitucional que impide realizar reformas en esta materia 90 días antes del inicio del proceso electoral, previsto para septiembre.
Finalmente, Ricardo Monreal adelantó que se prevé una reforma adicional al Poder Judicial que se discutirá por separado, con el fin de complementar el marco legal rumbo a las elecciones de 2027.