Esta medida de estado de emergencia la toman por la  jornada de manifestaciones dejó un muerto y más de 120 heridos en Lima.

Perú (Marcrix Noticias)-El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, anunció este jueves (16 de octubre de 2025) que el Gobierno declarará el estado de emergencia en la provincia de Lima, luego de una jornada de protestas que dejó un muerto y al menos 120 heridos, entre civiles y agentes de la Policía Nacional.

“La declaratoria de emergencia no puede resultar en más de lo mismo. No puede ser una medida gaseosa que no conduzca a nada, en especial”, declaró Álvarez en una conferencia de prensa recogida por la emisora RPP. Agregó que el Ejecutivo trabaja en “un paquete completo de medidas concretas”, el cual será presentado “en el menor tiempo posible”.Suspensión de derechos y posible toque de queda

La aprobación del estado de emergencia conlleva la suspensión de derechos fundamentales, entre ellos la libertad y seguridad individual, la inviolabilidad del domicilio, así como la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

Álvarez no descartó la imposición de un toque de queda, aunque aclaró que esta medida dependerá de su eficacia. “La criminalidad ya no responde a la nocturnidad propia de los delincuentes más avezados”, advirtió.

El primer ministro explicó que el presidente José Jerí le ha encargado preparar y someter a debate técnico el conjunto de acciones antes de declarar la emergencia. “Nos encontramos en sesión permanente hasta cuando tengamos ese paquete de medidas y podamos declarar la emergencia Lima, pero con contenido, con verdad”, aseguró.

El anuncio llega después de que Lima fuera escenario de fuertes disturbiosdurante manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso, marcadas por denuncias de corrupción e inseguridad. La Policía confirmó la participación de dos de sus agentes en la muerte por disparos de un manifestante, hecho que ha incrementado la tensión social.

La declaración del estado de emergencia busca restaurar el orden en la capital peruana, aunque diversos sectores han advertido sobre el riesgo de abusos a los derechos humanos durante su aplicación.