Peritaje balístico contradice versión oficial sobre muerte del asesino de Carlos Manzo y complica proceso judicial
Un nuevo peritaje solicitado por la defensa de los escoltas del exalcalde de Uruapan señala que el arma que mató al agresor no fue la misma utilizada para asesinar a Manzo
Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).- La investigación por el homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan, atraviesa una nueva controversia después de que un peritaje en balística presentado por la defensa de los escoltas acusados determinara que el proyectil que causó la muerte del agresor fue disparado desde el arma de un escolta y no con la pistola del homicida, como afirma la Fiscalía de Michoacán.
De acuerdo con el dictamen privado, los siete casquillos recuperados tras el ataque corresponden a dos armas diferentes. Seis de ellos, de color gris con la leyenda “Luger Mon”, coinciden con la pistola atribuida al agresor, mientras que el séptimo, de tono dorado y con la inscripción “Águila”, presenta marcas distintas que, según el peritaje, coinciden con el arma de cargo del escolta Demetrio de la Cruz. Esta diferencia balística es central para cuestionar la versión oficial de una sola arma en los hechos.
La Fiscalía de Michoacán había sostenido desde el inicio de la investigación que los siete disparos registrados el día del atentado provenían de una pistola Pietro Beretta 9 mm con matrícula borrada, supuestamente utilizada por el homicida para asesinar al alcalde, y que el mismo arma fue la que acabó con la vida del agresor, lo cual fue comunicado públicamente por el fiscal Carlos Torres Piña.
A pesar de este peritaje independiente, el fiscal ha mantenido su postura y ha rechazado públicamente la validez del análisis presentado por la defensa, argumentando que la versión de una sola arma se respeta y será el juez quien determine la relevancia de las pruebas. La defensa, por su parte, ha desafiado al funcionario a justificar científicamente su versión del incidente.
El resultado de este enfrentamiento entre versiones tiene implicaciones procesales significativas. Los escoltas enfrentan cargos por homicidio y omisión de su deber de seguridad, con penas que podrían ir de 20 a 50 años de prisión si son encontrados culpables de actuar con dolo o intencionalidad, según la misma Fiscalía.
Este nuevo elemento de controversia se suma a las múltiples líneas de investigación sobre el caso, que ya habían incluido cuestionamientos sobre el uso de fuerza y los procedimientos de seguridad, colocando bajo escrutinio no solo la investigación forense sino también la actuación de las autoridades en un crimen que ha sacudido al estado de Michoacán.