La ONU denuncia la grave amenaza que enfrentan cinco pueblos indígenas colombianos, debido a la violencia de grupos armados y la inacción estatal.
Santa Marta, Colombia. (Marcrix Noticias)-– La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha emitido una alerta urgente sobre la situación crítica de los cinco pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia.
Según el organismo, las comunidades Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Naka, cuya población conjunta supera las 54,700 personas (según cifras del DANE), enfrentan un riesgo real de extinción física y cultural, como consecuencia de la violencia que ejercen diversos grupos armados ilegales en su territorio ancestral.
“El riesgo es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”, advirtió Scott Campbell, representante de la ONU en Colombia, tras una visita reciente a la región.
La Sierra Nevada, una región estratégica que abarca los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, es codiciada por su ubicación en rutas de narcotráfico y economías ilegales. Allí operan organizaciones armadas como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que ejercen violento control territorial.
Desde 2022, la ONU ha documentado:
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Imposición de restricciones de movilidad a las comunidades.
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Presencia armada en reuniones indígenas.
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Normas coercitivas impuestas a las autoridades tradicionales.
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Ataques físicos y psicológicos contra líderes y sabedores ancestrales.
En lo que va de 2025, la oficina ha recibido denuncias de cinco asesinatos de defensores de derechos humanos y una masacre con tres víctimas en esta región.
La ONU considera que la reacción del Estado colombiano ha sido insuficiente para detener la escalada de violencia y proteger a estas comunidades reconocidas por la UNESCO como guardianas del ecosistema y portadoras de conocimiento ancestral invaluable.
Aunque el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC representó una esperanza para estas poblaciones, la realidad es que disidencias armadas y otros grupos ilegales han ocupado los vacíos de poder, perpetuando el conflicto armado.
La ONU instó tanto al gobierno nacional como a los actores armados a tomar medidas inmediatas:
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Detener las hostilidades contra los pueblos indígenas.
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Respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
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Garantizar la autonomía, la vida y el territorio de estas comunidades.
El proyecto de “paz total” impulsado por el presidente Gustavo Petro enfrenta serios desafíos, con negociaciones suspendidas con el ELN y la mayoría de las disidencias de las FARC, lo que debilita los esfuerzos de pacificación en territorios como la Sierra Nevada.
