ONU advierte a México sobre graves riesgos ambientales de megaproyectos de gas en el Golfo de California

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una carta oficial al gobierno mexicano, alertando del impacto climático, ecológico y social que podrían ocasionar cuatro terminales de gas licuado

Estados Unidos. (Marcrix Noticias).- La ONU expresó este miércoles su “profunda preocupación” por la legalidad, viabilidad climática y compatibilidad con los derechos humanos de los megaproyectos de gas licuado (GFL) en el Golfo de California. La alerta proviene de una comunicación firmada por nueve relatorías especiales, enviada al gobierno mexicano el 2 de septiembre.

 

Los planes en cuestión incluyen la instalación de cuatro terminales de gas —Saguaro Energía, Vista Pacífico LNG, AMIGO LNG y GNL Cosalá—, además de dos gasoductos: Gasoducto Sierra Madre y Corredor Norte.

Según la ONU, la materialización de estos proyectos podría convertir a México en el cuarto exportador mundial de gas licuado —“a costa de la salud, los ecosistemas, las comunidades y los compromisos climáticos del país”.

El organismo advierte que avanzar sin una evaluación ambiental rigurosa, sin transparencia ni participación de las comunidades afectadas, implicaría graves violaciones al derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación y al desarrollo de las poblaciones costeras.

El Golfo de California es reconocido como uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del mundo: alberga tanto corales, manglares y pastos marinos, como mamíferos marinos —ballenas, delfines, lobos marinos—, entre muchas otras especies.

Organizaciones civiles y comunitarias que representan a pescadores, prestadores de servicios turísticos, pueblos indígenas y académicos han manifestado repetidamente su rechazo a estos proyectos. En julio de 2025 exigieron al gobierno federal realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) antes de autorizar obras, y declarar una moratoria a cualquier nueva infraestructura de gas fósil en la región.

Según los activistas, los riesgos abarcan desde contaminación del agua y el aire —derivada del procesamiento y transporte de gas natural—, hasta amenazas directas a la biodiversidad: ruido submarino, derrames, tráfico intenso de buques metaneros, alteración de hábitats, mortandad de cetáceos, daños a la pesca y al turismo y desplazamiento de comunidades.

Con este llamado internacional, México queda bajo “escrutinio formal”: la ONU señala que cualquier autorización de estos megaproyectos será considerada una responsabilidad directa del Estado.

 

Organizaciones defensoras del medio ambiente afirman que esta es una oportunidad clave para que México reoriente su política energética y demuestre un compromiso real con la transición ecológica, cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia climática y de derechos humanos.

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