Activistas denuncian que el plan obliga a inmigrantes  incluso legales a vivir bajo vigilancia y temor constante.

Washington, D.C. (Marcrix Noticias) — La nueva política migratoria implementada por el expresidente Donald Trumpha provocado alarma entre defensores de los derechos de los inmigrantes, al exigir que todas las personas sin autorización legal en Estados Unidos se registren y porten documentos migratorios en todo momento. La medida, vigente desde el 11 de abril tras un fallo favorable de un juez federal, revive preocupaciones sobre discriminación, vigilancia y criminalización de comunidades enteras.

Aunque funcionarios del gobierno argumentan que simplemente están haciendo cumplir una ley federal que existe desde hace décadas, organizaciones civiles advierten que esta política podría incrementar el perfilamiento racial, incluso hacia ciudadanos estadounidenses o residentes legales.

“Este tipo de políticas afectan desproporcionadamente a comunidades afrodescendientes e inmigrantes con Estatus de Protección Temporal”, denunció Guerline Jozef, directora de Haitian Bridge Alliance, quien calificó la situación como una forma de “guerra psicológica”. Agregó que ahora incluso personas con permisos legales son detenidas durante sus actividades cotidianas, generando incertidumbre constante.

Obligación de portar documentos y riesgo de prisión

De acuerdo con la legislación federal, cualquier persona mayor de 14 años sin estatus migratorio debe registrarse, proporcionar huellas dactilares y su dirección. El incumplimiento puede resultar en penas de prisión y multas. Los padres de menores sin documentos también tienen la obligación de registrarlos.

La política ha generado confusión, especialmente tras incidentes en los que autoridades han detenido a ciudadanos estadounidenses por no portar documentos, intensificando el temor y desinformación en comunidades vulnerables.

“Eco de episodios oscuros del pasado”

Activistas y académicos han comparado esta política con momentos dolorosos de la historia de Estados Unidos: desde los documentos de libertad exigidos a afroamericanos liberados durante la esclavitud, hasta los registros forzados y el internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Hoy, ciudadanos percibidos como “extranjeros” —por su apariencia o acento— se ven forzados a llevar pruebas de ciudadanía, como actas de nacimiento, para evitar detenciones arbitrarias. En paralelo, estados gobernados por republicanos han comenzado a rechazar licencias de conducir emitidas a inmigrantes sin documentación legal.

También se ha reportado que una aplicación de citas para inmigrantes ha cancelado permisos de trabajo desde marzo, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses, lo que añade más incertidumbre al ya tenso panorama migratorio.