Debido a que el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo durante su aprobación, el ministro Javier Laynez Potisek propondrá declarar la invalidez de la serie de reformas que integran el llamado plan B de la reforma electoral.
Se trata del paquete integrado por reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo de 2023, en el Diario Oficial de la Federación.
El ministro Laynez Potisek entregó a sus pares del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto de sentencia, de 157 fojas, que se discutirá durante la sesión del próximo jueves 22 de junio.
El Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, las cuales son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado, lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido”, plantea el ministro ponente en la sentencia.
La puntilla
El 18 de mayo pasado, el Pleno de la SCJN declaró la invalidez del Decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que integraron el paquete de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, propuesta por el Poder Ejecutivo Federal.
En esa ocasión únicamente votaron a favor de esas reformas las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, así como el ministro Arturo Zaldívar, ex presidente del Máximo Tribunal.
Para la sesión de este jueves se espera que se repita el esquema de votación, con lo quedaría anulado el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la estructura y operación del Instituto Nacional Electoral (INE), y para los comicios de 2024 se aplicarán las actuales leyes en la materia, vigentes desde 2014.
La Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados y, lo más importante, tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión (11:04 de la noche) y que se aprobaron en tan solo cuatro horas”, se argumenta en el proyecto, sobre irregularidades similares al paquete invalidado en mayo.
Para el decreto de la segunda parte del Plan B, el ministro Laynez Potisek, plantea una serie de violaciones adicionales al procedimiento legislativo.
Se acredita que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores.
Por otro lado, también se demuestra que las Cámaras modificaron artículos del proyecto de Decreto que ya habían sido aprobados por ellas en sesiones anteriores, cuando el artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal prohíbe tajantemente que se revisen los preceptos ya aprobados por ambas Cámaras”, informó la SCJN.