La protesta estalló tras la muerte de un agricultor mexicano durante una redada de ICE y la detención de más de 200 trabajadores en zonas de cultivo como Camarillo, Oxnard y Ventura.
California (Marcrix Noticias).– Una huelga masiva de 72 horas paraliza la actividad agrícola en el corazón productivo de California, como protesta por las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que han provocado detenciones arbitrarias, abusos contra migrantes y la muerte del agricultor mexicano Jaime Alanís.
La movilización, denominada “Huelga por la Dignidad”, fue convocada por organizaciones campesinas y activistas, tras una serie de operativos que se extendieron desde Los Ángeles hasta los condados de Santa Bárbara, Camarillo, Ventura, Oxnard y Carpintería, zonas clave para la producción de alimentos y cannabis en el estado.
Se estima que al menos 200 trabajadores agrícolas fueron detenidos, mientras que Alanís murió al intentar huir de una redada al trepar al techo de un invernadero, desde donde cayó gravemente herido.
El caso más grave se registró el 10 de julio en Glass House Farms, en Camarillo, donde la redada en campos de cannabis terminó en un enfrentamiento entre agentes del ICE, trabajadores y activistas.
Our hearts are heavy for the grieving family of Jaime Alanis, who died from injuries sustained during a chaotic raid on Thursday.
We’ll do everything we can to support them. We continue to work with hundreds of farm worker families navigating the aftermath of this violent raid. pic.twitter.com/ija0lT97jv
— United Farm Workers (@UFWupdates) July 13, 2025
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que al menos diez menores de edad se encontraban en el lugar y que sus agentes fueron agredidos.
Desde principios de junio, las redadas migratorias se han intensificado en California, particularmente en barrios latinos de Los Ángeles.
En respuesta, organizaciones como United Farm Workers (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y la propia ciudad de Los Ángeles, presentaron una demanda federal acusando al ICE de prácticas inconstitucionales basadas en perfil racial.
El 11 de julio, un tribunal federal emitió dos órdenes de restricción temporales que prohíben a las autoridades migratorias detener personas sin una sospecha razonable.
Los criterios considerados ilegales incluyen apariencia racial, hablar español, estar en lugares como campos agrícolas o realizar trabajos específicos. Además, el DHS deberá garantizar el derecho a un abogado en todo momento, incluso en fines de semana y días festivos.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, una de las principales críticas de los operativos del ICE, anunció que la ciudad se unió formalmente a la demanda contra el gobierno federal.
Teresa Romero, presidenta de UFW, declaró: “Los trabajadores agrícolas se levantan antes del amanecer para alimentar a este país; no hay trabajo más digno. Nadie debería ser atacado o aterrorizado por su color de piel y su trabajo”.
La zona agrícola de California es fundamental para el suministro alimentario del país, con un valor estimado de 33.9 billones de dólares, según el Departamento de Servicios Agrícolas de Estados Unidos (USDA). Produce cultivos clave como almendras, higos, alcachofas, granadas, nueces y cannabis legal.
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Mientras tanto, cientos de migrantes permanecen detenidos en centros de reclusión del ICE, donde han denunciado escasez de alimentos, comida en mal estado y enfermedades.
Una investigación de NBC News reveló que las condiciones de sobrepoblación han generado una grave crisis alimentaria.
Algunos internos reportaron pérdida de peso y problemas de salud, lo que fue desmentido por la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, quien aseguró que los detenidos reciben “comidas adecuadas, atención médica y acceso a abogados”.
Las cifras oficiales muestran que en mayo de 2025 se alcanzaron 23 mil 500 deportaciones, frente a las 7 mil 800 registradas en 2024, lo que confirma el endurecimiento de la política migratoria del gobierno estadounidense.
No obstante, las órdenes judiciales en California representan un freno momentáneo a los operativos del ICE, aunque activistas advierten que la lucha por el respeto a los derechos de los migrantes continúa.