El Gobierno Federal asegura que el documento omite avances desde 2018 y 2025 y acciones implementadas para combatir las desapariciones en el país.

 

Ciudad de México (Marcrix Noticias).– El Gobierno de México rechazó el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el cual plantea la revisión de la situación del país ante la Asamblea General, y lo calificó como “tendencioso” por, según afirmó, omitir avances recientes en el combate a las desapariciones.

A través de un comunicado oficial, el gobierno federal señaló que el documento no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano, las cuales, aseguró, evidencian que los argumentos del Comité no coinciden con la definición de desaparición forzada establecida por el propio organismo ni con los avances institucionales logrados desde 2018 y particularmente desde 2025.

El posicionamiento indica que el procedimiento contemplado en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, situación que, sostuvo, no corresponde a la realidad actual de México.

Asimismo, el Gobierno señaló que el informe del Comité se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que además se enfoca en cuatro entidades del país, por lo que calificó la decisión como parcial y sesgada.

También lamentó que el Comité no haya considerado la información actualizada presentada el pasado 27 de marzo, en la que se detallan los esfuerzos institucionales recientes para atender esta problemática.

En el comunicado, se destacó que el propio Comité reconoce, en los párrafos 117 y 118 de su resolución, que no existen indicios fundados de una política federal orientada a cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo que, según el gobierno, refleja una situación distinta a la de años anteriores.

El Gobierno de México también cuestionó la solidez jurídica del informe y señaló posibles conflictos de interés entre algunos integrantes del Comité, al afirmar que al menos uno de ellos habría tenido vínculos con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.

“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, subrayó en el documento, al tiempo que reiteró que la actual administración ha impulsado una transformación estructural en la materia, en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.

Entre las acciones destacadas, el gobierno mencionó la aprobación en julio de 2025 de reformas a la legislación en materia de desapariciones, que incluyen la creación de nuevas herramientas y obligaciones para fortalecer la búsqueda e identificación de personas.

Entre ellas se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y la implementación de una Plataforma Única de Identidad.

Asimismo, se contempla la obligación de contar con fiscalías especializadas en los estados, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con más especialistas y equipo, así como la creación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.

En el comunicado se reiteró que México mantiene una política de cooperación constante con organismos internacionales, como lo ha reconocido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aunque advirtió que dicha colaboración debe basarse en diagnósticos que reflejen la realidad actual del país.

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