El Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación sexual, tortura y muerte de la mujer indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario en 2007
Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).- El Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional tras la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años que fue víctima de violación sexual, tortura y muerte en el año 2007, hechos perpetrados por integrantes del Ejército mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
La sentencia, notificada el 16 de diciembre de 2025, concluyó que los ataques sufridos por Ascencio constituyeron actos de tortura y que la falta de atención médica oportuna y adecuada por parte del Estado mexicano contribuyó directamente a su fallecimiento, tras ser encontrada gravemente herida cerca de su comunidad.
Ernestina fue hallada el 25 de febrero de 2007 por su hija, en las cercanías de un campamento militar establecido en Tetlalzinga, municipio de Soledad Atzompa, donde se realizaban operativos de seguridad. La Corte determinó que la agresión cumplía con fines de intimidación, degradación y control, y que la muerte de la mujer se derivó tanto de los graves daños físicos como de la negligencia estatal para garantizar servicios médicos apropiados.
El Gobierno de México, a través de un comunicado oficial, aceptó la responsabilidad estatal por vulnerar los derechos humanos de Ascencio, particularmente el derecho a la vida, a la salud, a las garantías judiciales y a una protección judicial efectiva, tanto para la víctima como para sus familiares. Asimismo, expresó su compromiso con la búsqueda de verdad, justicia, reparación integral del daño y medidas de no repetición, con una perspectiva de género, étnica e intercultural.
La Corte IDH también determinó que México incumplió su obligación de investigar con debida diligencia reforzada, ya que, pese a las evidencias forenses iniciales de lesiones consistentes con una agresión sexual y física, las autoridades mexicanas cerraron la investigación sin agotar todas las líneas de indagación ni sancionar a los responsables.
Entre las medidas de reparación ordenadas, el tribunal internacional incluyó la realización de una investigación penal exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales; la ejecución de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado; y la garantía de servicios adecuados de salud, traducción e interpretación para personas indígenas en sistemas de salud y justicia. Además, se ordenó otorgar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a los familiares de la víctima.
El fallo de la Corte IDH marca un precedente trascendental en la justicia internacional y en el reconocimiento de violaciones de derechos humanos cometidas en contextos de militarización, especialmente en casos que involucran a mujeres indígenas, y subraya la necesidad de mecanismos efectivos de protección y acceso a la justicia para grupos vulnerables en México.