No es un problema donde el Estado tenga que pactar o no con los criminales para construir la paz; el tema es que el Estado sigue siendo marginal y estratégicamente selectivo en sus proyectos de desarrollo y en sus compromisos con las comunidades rurales. La realidad actual de Guerrero no se puede entender sin tomar en cuenta su historia, donde se han fortalecido grupos económicos y criminales.
Guerrero, (MARCRIX Noticias).- La capacidad de los gobiernos federal y estatal de ejercer el control del territorio de Guerrero depende, al menos en parte, de la generación de acuerdos con grupos criminales que han demostrado capacidad de organizar movilizaciones sociales, como las registradas en las últimas semanas en la capital del estado; sin embargo, se trata de un proceso mucho más complejo que simplemente pactar, plantean académicos.
Para el investigador de El Colegio de Michoacán y especialista en temas de seguridad en contextos rurales, Salvador Maldonado Aranda, revertir la violencia en esa entidad del sur del país “no es un problema donde el Estado tenga que pactar o no” con los criminales para construir la paz; el tema es que el Estado sigue siendo marginal y estratégicamente selectivo en sus proyectos de desarrollo y en sus compromisos con las comunidades rurales, donde debería estar generando procesos de desarrollo social.
El Gobierno no se ha comprometido con fomentar economías regionales que puedan revertir las relaciones de dependencia que tienen las comunidades con organizaciones delictivas que, incluso, ante la ausencia del Estado, han fungido como intermediarios ante la propia autoridad, abundó.
Hay que empezar a tirar este velo de si pactan o no. En las localidades, todo el tiempo siempre hay acuerdos, implícitos o explícitos con grupos criminales”.
Además, también tienes que medir la capacidad que tiene el Estado para entrar en una operación para cancelar una actividad delictiva. Todo eso es mucho más complejo que simplemente pactar, remarcó.
De lo que se trata, abundó, es de diseñar e implementar una estrategia con objetivos de largo plazo.
Según el académico, el gran problema es que, cuando ocurren hechos como los registrados en Guerrero durante las últimas semanas, en lo primero que piensan las autoridades es en meter más seguridad, pero llevamos 20 años con esas experiencias que implican más fuerzas del orden, más presencia de la fuerza del Estado y las violencias tienden a multiplicarse.
Mientras eso ocurre, ver al Estado ejerciendo el papel que le corresponde para propiciar el desarrollo económico, con hechos como construir carreteras hacia la sierra, son exigencias históricas que no avanzan, señaló.
En ese sentido, enfatizó que cuando se ejecutan proyectos de desarrollo en las comunidades, la población cancela los compromisos que pueden tener con organizaciones criminales, quienes, ante la ausencia del Estado y opciones de empleo o generación de ingresos económicos, les han ofrecido actividades para poder sobrevivir.
El académico también hizo énfasis en que los programas de becas y transferencias directas de dinero implementadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no alcanzan absolutamente para nada, porque se trata de programas paliativos y, de ninguna manera, alcanzan a cambiar las condiciones de vida de las familias, ni en el mediano ni en el largo plazo.
“Esos programas terminan teniendo otras funciones prácticas, pero no arreglan las condiciones de vida de las poblaciones en donde se implementan”.
No son acuerdos nuevos
Por su parte el académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Alfonso Galán Castro, dijo: en el caso del control que pudiera tener el Estado, ha sido tratar de buscar esta legitimidad a partir de la política social, y de algún modo, hay una alianza entre las personas que están en estos momentos en el gobierno, con algunos grupos sociales que han generado algunas manifestaciones sociales en estos lugares.
“¿Qué capacidad (de control del territorio) pueden tener (los gobiernos estatal y federal)?, pues la generación de alianzas que están teniendo con estos grupos que se han movilizado socialmente”.
Aclaró que ese tipo de acuerdos han sido entablados también por gobiernos anteriores a los encabezados por Morena, tanto en el ámbito estatal como federal y eso se debe a “una tendencia histórica muy limitada, en relación con la necesidad de control de todo el territorio en un espacio que ha sido muy difícil de generar Estado (incluso) comunicación entre los distintos lugares de la entidad”.
Asimismo, expuso que la alternancia de partidos políticos en el Gobierno, por sí misma, no es lo que genera cambios institucionales, pues se trata de procesos más largos.
Mencionó que estamos llegando a un punto del sexenio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, ante la falta de resultados en este tipo de políticas, se está optando por tratar de hacer una negociación directa con los grupos criminales para exigir un alto al fuego.
“Eso es muy complejo, porque, si bien, en un inicio, les da más juego a grupos sociales para tratar de frenar estos problemas, van más allá del Estado de derecho y eso no sé a dónde nos va a llevar esa búsqueda de paz”.
El antropólogo social, quien ha desarrollado estudios sobre mecanismos de coproducción de seguridad y derechos humanos, refirió que Guerrero es una entidad donde ha sido muy difícil construir Estado y, frecuentemente, quienes lo han ido implementando son líderes regionales: caciques, personas adineradas y grupos criminales.
Por ello, ante esa debilidad institucional, en ocasiones, la población le tienen más confianza en liderazgos informales, incluso de la delincuencia organizada.
Eso es lo que explica que ocurran hechos como los registrados en días pasados en Chilpancingo, donde miles de personas realizaron una manifestación en la que participaron líderes de guardias comunitarias, que tienen cierto trabajo social en la zona periférica de la capital del estado, pero también integrantes de líderes criminales.
En su opinión, en estos momentos lo relevante es poner atención en la debilidad histórica del Estado y la dificultad del Gobierno para tener el control del territorio se debe a que, hay un escenario donde la confianza está menos en el gobierno y más en esos actores intermediarios.
Hay ambigüedad en los actores involucrados
A su vez, Alan Salvador Hernández Morales, sociólogo político y doctorante en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), recordó que históricamente en Guerrero ha habido diferentes tipos de grupos armados, desde los grupos guerrilleros, crimen organizado, paramilitares y hasta las guardias comunitarias y de la fuerza pública.
Recalcó que la realidad actual de Guerrero no se puede entender sin tomar en cuenta su historia, donde se han fortalecido grupos económicos y criminales, ante lo cual han surgido resistencias de las comunidades, algunas expresadas en la conformación de policías comunitarias en varias regiones.
Eso ha puesto de manifiesto la existencia de una ambigüedad en los actores involucrados y la forma en que se relacionan.
Dijo que cuando grupos de la delincuencia organizada adquieren cierta relevancia en la vida pública y diversifican sus actividades más allá del tráfico de drogas, se desarrolla lo que en los estudios académicos se denomina gobernanza criminal, que no es más que la regulación de la vida cotidiana en las comunidades por el crimen organizado.
Aclaró que para que eso exista debe haber un tipo de relación o protección de actores estatales.
Además, se crea una ambigüedad en la correlación de fuerzas entre crimen y el Estado: pueden estar coludidos, pero también enfrentados en ciertos momentos y pasar de una a la otra. Asimismo, no hay claridad de quién puede contener al otro.
Salvador Maldonado Aranda dijo que las relaciones de las organizaciones criminales con las comunidades, sobre todo rurales, han tenido al Estado como un tercer interlocutor.
Indicó que lo que ha cambiado en los últimos años es que, en ciertos contextos, el Estado ha dejado de ser un actor activo a uno pasivo.
Recordó que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, el Estado asumió una actitud ofensiva para tratar de desarticular organizaciones criminales, lo que provocó cierto descabezamiento de organizaciones criminales, pero también la multiplicación de las violencias.
Ahora, con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Estado al ser el tercer involucrado en estos contextos, ha pasado de ser un actor activo a un actor pasivo.
Aclaró que eso no quiere decir que no ejerza violencia, sino que, al pretender no enfrentar de manera directa y armada a las organizaciones criminales, se han creado muchas zonas de intercambio informal, a veces impulsando ciertos acuerdos o ciertas tolerancias.
Les ha generado un mayor espacio de movilización, de poder, de actuación a líderes que de alguna forma han sido los mismos socios delictivos y quienes ahora están apelando cuando el Estado no interviene como un interlocutor importante, entonces ellos movilizan las comunidades donde tienen una profunda relación.
Hay un Estado que, al ser pasivo, está siempre en la retaguardia y no está permitiendo generar procesos de construcción de mediaciones, de acuerdos. Es por eso que estas organizaciones astutas, están llenando ese hueco de intermediación que el Estado no está llenando. Sólo cuando hay movilizaciones, cuando hay problemas serios, entonces llegan instituciones estatales y federales. El estado sigue actuando como un bombero, dijo.
Por otra parte, Hernández Morales, recordó que para la organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, es posible desmantelar la regulación criminal a través de la implementación de una serie de medidas agrupadas en cuatro ejes específicos:
- En términos políticos, es necesario el fortalecimiento de la legitimidad de las autoridades e instituciones gubernamentales, así como la transparencia y la rendición de cuentas de estas, la cooperación internacional y la legislación para acotar a las estructuras delictivas.
- En el ámbito legal, es preciso fortalecer la capacidad del sistema judicial, mejorar el desempeño de los elementos encargados de la seguridad e incrementar el control territorial por el gobierno.
- En el campo económico, se requiere regular las transacciones financieras y económicas para que se mantengan dentro de la legalidad e impedir el lavado de dinero.
- En el aspecto social, es primordial involucrar y proteger a la sociedad civil a través del apoyo a víctimas y testigos. Incentivar la participación ciudadana en materia de seguridad, e implementar medidas de prevención de la violencia y la delincuencia.
Texto: Tomado de Diego Badillo / El Economista / Foto: Internet/ Agencias