Libertad de expresión en Campeche bajo sentencia judicial contra periodistas
La libertad de expresión en Campeche se ve comprometida tras una resolución judicial que condena a periodistas y medios digitales al pago de una indemnización millonaria por presunto daño moral, decisión que ha generado preocupación en el gremio periodístico
Campeche. ( Marcrix Noticias).- La libertad de expresión en Campeche volvió al centro del debate público luego de que se diera a conocer la sentencia emitida dentro del expediente 370/21-2022, en la que se responsabiliza a periodistas y medios de comunicación por daño moral derivado de su labor informativa.
De acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, los periodistas Joel Obed Ynurreta Priego y Abraham Alberto Martínez Caamal, así como los medios digitales La Neta de Campeche y Por Esto Online, integrantes de la Compañía Editorial del Mayab, fueron encontrados responsables en una demanda promovida por la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez.
La jueza segunda del ramo civil y de extinción de dominio de primera instancia del primer distrito judicial, Amada Beatriz Salazar González, determinó que los señalados deberán pagar en conjunto dos millones de pesos como reparación del daño moral, lo que equivale a quinientos mil pesos por cada periodista y medio involucrado.
Además de la sanción económica, la sentencia ordena que el fallo sea replicado en los mismos términos y con el mismo alcance que tuvieron las publicaciones que originaron la demanda, disposición que ha sido señalada como una posible forma de censura indirecta contra el ejercicio periodístico.
Organizaciones y comunicadores han advertido que este tipo de resoluciones representan un riesgo para la libertad de expresión en Campeche, al sentar un precedente que podría inhibir la labor informativa y la crítica hacia funcionarios públicos.
Cabe señalar que tanto los periodistas como los medios de comunicación cuentan con un plazo de diez días hábiles, a partir de la notificación oficial, para presentar la inconformidad correspondiente y buscar la revisión de la sentencia por las instancias legales competentes.