Los Chapitos que hoy controlan la zona donde secuestraron a 10 mineros de Vizsla Silver, compañía canadiense que en abril de 2025 frenó operaciones en Sinaloa por falta de seguridad.
Sinaloa (Marcrix Noticias)-La minera Vizsla Silver Corp frenó sus operaciones en Sinaloa en abril de 2025, “debido a las condiciones de seguridad actuales en la zona”.
La compañía canadiense, cuyos diez trabajadores fueron secuestrados el 23 de enero último y los restos de cinco de ellos fueron hallados en una fosa clandestina del poblado El Verde, en la sierra de Concordia, explicó en ese comunicado de abril del año pasado que los contratistas que participan en el desarrollo de la mina de prueba, la campaña de perforación geotécnica y el programa de exploración “se encuentran en estado de alerta y listos para reanudar las operaciones tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan”.
De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas para esta investigación, el secuestro de los 10 ingenieros y técnicos en minas fue una operación orquestada por miembros de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Lo anterior ocurrió –aseguran los consultados– luego de que la minera canadiense rechazara un esquema de extorsiones, que incluía el pago de 200 mil pesos mensuales para poder operar con “aparente tranquilidad”.
El recrudecimiento de la violencia en Sinaloa tras la guerra entre las escisiones de Los Chapitos y La Mayiza, lideradas por Iván Archivaldo Guzmán Salazar e Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, respectivamente, orilló al primer grupo a exigir la mitad de la producción de la mina para liberar el pago de algunos de sus lugartenientes y comprar más arsenal para la pugna fratricida. La compañía Vizsla se rehusó a realizar ese “acuerdo”.
Concordia es una zona donde operan los presuntos delincuentes –que habrían ordenado y ejecutado el secuestro de los mineros– identificados como Oscar Luciano Martínez Larios, alias Casco, y su hermano Gabriel Nicolás, alias Gabito, de acuerdo con las fuentes consultadas. Presuntamente ambos son responsables de un esquema de extorsiones y secuestros al menos desde 2020, indican autoridades federales, pues hasta antes del asesinato de Oscar Noé Medina González, Panu, el 21 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, tanto Gabito, Casco y sus otros dos hermanos, José Luis, alias Monstruo (asesinado en 2015) y Eduardo Jonathan, conocido como Owen (en prisión), le rindieron cuentas directamente al Panu y a Iván Archivaldo.
Hasta ahora, sólo Gabito y Casco siguen trabajando para la facción de Los Chapitos y, según el informante, no son reconocidos por su nombre en el área de Concordia y Mazatlán, sino bajo las claves de radio “80” y “81”, respectivamente.
De acuerdo algunos pobladores del municipio Rosario, Gabito “ya habría llevado a cabo el cobro de cuotas ilegales a las minas de La Rastra y La Plomosa” en Sinaloa.
A su vez, el Casco es identificado por autoridades mexicanas y estadunidenses como el jefe de plaza de Los Chapitos en Concordia, Rosario y en la cabecera municipal de Mazatlán.
En la denominada Conferencia del Pueblo, del 10 de febrero último, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que, de acuerdo con los testimonios de al menos cuatro detenidos por su presunta participación en el secuestro de 10 mineros, revelaron que estos “fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”. Y confirmo que Los Chapitos estarían implicados en el rapto.
Pese a que la compañía Vizsla emitió la carta de abril de 2025, argumentando una pausa en sus operaciones por motivos de seguridad, Harfuch dijo en su conferencia ante medios de comunicación:
“No habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados, o alguno de los miembros de esta empresa molestados por algún grupo delincuencial”.
La tragedia se impuso. Algunos portales de noticias independientes han publicado que existen al menos 20 posibles ubicaciones de “cementerios clandestinos” en Sinaloa, “con decenas de cuerpos en cada una de ellas”, de las cuales la Secretaría de Marina tiene conocimiento, pero están aplicando un criterio de “máxima secrecía” en medios de comunicación locales y nacionales.
En un contexto de expansión del caos en Sinaloa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, repite una y otra vez que “no tiene conocimiento” o, en el peor de los casos, “no cuenta con la información completa” de los delitos de alto impacto en el estado que gobierna.
Sedena, Gabito y el Casco
El 27 de octubre de 2020 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró un informe que contenía la “problemática y panorama delictivo en el estado de Sinaloa”. Entre los principales flagelos que realizaban –y siguen realizando– las estructuras delictivas, recalcó la “siembra y cultivo de enervantes, producción de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos, portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidios dolosos, robo de vehículos, agresiones a las autoridades y privaciones ilegales de la libertad”.
El documento –hasta ahora publicado– detalla cómo el área norte sinaloense era liderada por Adelmo Núñez Molina, alias Lemo Núñez (asesinado en 2025), con una fuerte influencia en los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix, a la par que mantenía una pugna interna con Doroteo Jacobo Trejo, alias Teo Jacobo por los mismos enclaves geográficos.
Cerca de ahí, en la ciudad de Los Mochis y los municipios Guasave, Sinaloa de Leyva y el área serrana de Choix, operaba –y lo sigue haciendo– la escisión Beltrán Leyva-Carrillo Fuentes (hoy renombrada como Cártel de Guasave), dirigida por Fausto Isidro Meza, conocido como Chapo Isidro.
En la zona centro las estructuras delictivas lideradas por Miguel Ángel Gaxiola Quintero o Jesús Alexander Sánchez Félix –mejor conocido como el Ruso– y Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, peleaban entre sí para obtener el control de la sindicatura de Tepuche y la zona norte del municipio de Culiacán.
De acuerdo con la Sedena, el 8 de marzo de 2020 el Ruso recibió un ultimátum de su principal protector, Ismael el Mayo Zambada, para abandonar la citada área y se retiró a la ciudad de Mexicali, en Baja California; aunque después regresó a Sinaloa luego de la aprehensión del Nini, el 22 de noviembre de 2023.
En la zona sur del estado (Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa) las autoridades federales destacaron la presencia de Gabriel Nicolás Martínez Larios, Gabito, perteneciente al grupo de Los Chapitos, en una pugna por el control de dichos municipios con Concepción Velarde Martínez, apodado Chonecas, adscrito a la escisión del Chapo Isidro.
El informe de inteligencia de la Sedena antes citado se elaboró exactamente un año después del primer Culiacanazo, ocurrido el 17 de octubre de 2019, que culminó con la aprehensión y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, Ratón, en la capital sinaloense. Y, por supuesto, cuatro años antes de la entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos a manos de su ahijado y exsocio criminal, Joaquín Guzmán López, alias Güero Moreno. Sin embargo, desde entonces, las autoridades tenían en el radar las disputas internas y posibles fracturas del otrora cártel más pujante del Pacífico.
AMLO y su indiferencia a Sinaloa
El 23 de agosto de 2022 el entonces titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, envió al exjefe del Estado Mayor Conjunto de la misma secretaría, Ricardo Trevilla Trejo, un correo electrónico en el que detallaba los pormenores de dos visitas de Estado que realizaría el hoy expresidente de México Andrés Manuel López Obrador a los municipios de Concordia y Mazatlán, en Sinaloa.
Fue el 26 de agosto de 2022 cuando López Obrador arribó en punto de las nueve de la mañana a la presa Picachos, un santuario natural de Mazatlán. De acuerdo con el informe oficial que emitió la Sedena, y al cual se tuvo acceso de manera exclusiva, el entonces mandatario se desplazó vía terrestre al recinto y después se trasladó al Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna, en Mazatlán.
En la gira de trabajo Cresencio Sandoval advirtió que durante el trayecto de López Obrador se contemplaban tres puntos críticos que podían afectar su itinerario “pudiendo ser interceptado por integrantes de diversas organizaciones sociales e integrantes de grupos desafectos a las políticas del actual gobierno municipal, con el fin de manifestarse ante la falta de seguridad, por parte de familiares de personas desaparecidas, extrabajadores de ferrocarriles y desalojo de invasiones que prevalecen en la ciudad”.
Cuando el titular del Poder Ejecutivo federal visitó Mazatlán, el presidente municipal en funciones era Luis Guillermo Benítez Torres, quien mantenía “un trabajo coordinado con los integrantes del Consejo de Seguridad Municipal y coordinación con las diferentes autoridades federales y estatales para procurar y administrar la seguridad pública”, de acuerdo con el informe de inteligencia marcado como “CONFIDENCIAL”.
Tan solo un año después, el entonces alcalde de Mazatlán (2018-2022) fue sometido a una investigación por la Fiscalía Anticorrupción del estado por la adquisición de dos vehículos y cinco motocicletas –por un valor de casi 600 mil pesos– que fueron obsequiados en un evento del Días de las Madres, en mayo de 2022. Y no sólo eso, también se realizaron indagatorias por haber hecho la adquisición irregular de al menos dos mil 139 luminarias a sobreprecio a la empresa Azteca Lighting, entre 2021 y 2022.
En octubre de 2022 Benítez Torres presentó la renuncia a su segundo periodo en la presidencia municipal de Mazatlán y se unió al gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya como secretario de Turismo; aunque fue destituido ese mismo mes, luego de que el Congreso local exigiera un juicio de procedencia para quitarle el fuero constitucional y someterlo a una investigación exhaustiva por desempeño irregular de la función pública que, hasta ahora, no ha prosperado.
En el campo delictivo –incluido en el informe de la Sedena– que también se le entregó en dicha ruta al expresidente para su conocimiento, las autoridades ya tenían detectadas dos áreas de influencia del Cártel de Sinaloa en Mazatlán:
Área 1: en la cabecera del Municipio Mazatlán, Sinaloa, mantiene presencia un individuo de nombre Luis Ángel Castaño Peña, el Sataya o Titán, afín al grupo delictivo (de la familia) Guzmán Loera, mismo que se encarga de realizar secuestros, homicidios, extorsiones y agresiones a grupos antagónicos de la delincuencia organizada. Heraclio Vargas Garay, el Laco, es encargado de la venta y distribución de droga; un sujeto conocido como el Bolas es el encargado del robo y venta de hidrocarburo. Todos están subordinados a Jesús Eduardo Machado Osuna, capturado por primera vez en 2014 a los 24 años, alias el Números o el 40, encargado de la zona sur de Sinaloa.
Área 2: en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa, así como en los poblados que colinda con el municipio de Mazatlán y El Rosario, tiene el control Oscar Martínez Larios, el Casco; y de igual manera, bajo las órdenes de Jesús Eduardo Machado Osuna, el Números, en la zona sur de Sinaloa.
En el segundo informe de inteligencia de la Sedena, en el que estaban descritos los pormenores de la visita de López Obrador al municipio Concordia, se detalló que a las 10:30 horas del mismo 26 de agosto de 2022 arribaría el mandatario federal al Puente Baluarte que conecta los estados de Sinaloa y Durango, considerado el puente atirantado más alto del mundo, al menos de 2012 a 2016.
El documento acotó:
Durante el traslado del presidente se prevén dos puntos críticos que pudieran afectar su itinerario; pudiendo ser interceptado por personas desplazadas por violencia u organizaciones adheridos a los centros de salud.
En el informe, en el apartado de “Campo Delictivo” marcado como “CONFIDENCIAL”, la Sedena reiteró que el Números era el encargado de la zona sur de Sinaloa y adscrito al grupo criminal de la familia Guzmán Loera; asimismo detalló que el Casco –presunto implicado en el secuestro de 10 mineros en Sinaloa el 23 de enero de 2026– operaba junto a Diego Ramírez Pérez, alias Pekín o Pecas, hasta antes de su aprehensión. Desde entonces, el Casco ha adquirido notoriedad en el hampa tras el asesinato del Panu, y es considerado un líder criminal de gran influencia en la zona serrana de Concordia.
Pese a ello, las autoridades no han aplicado la ley para su eventual captura al considerarlo una persona de interés en el narcotráfico mexicano, según agencias de seguridad de Estados Unidos.