La Fiscalía General de la República acusa al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, de encabezar una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión, utilizando recursos públicos y policías municipales
Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).- La Fiscalía General de la República señaló al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, como un “criminal con poder político”, al acusarlo de liderar una organización delictiva que utilizó la estructura del ayuntamiento para cometer secuestros y extorsiones, con apoyo de policías municipales y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión obtenida por autoridades federales, el edil y varios integrantes de su gabinete habrían operado un esquema de cobro de derecho de piso contra comerciantes y empresarios locales, bajo amenazas armadas, privaciones ilegales de la libertad y violencia física, consolidando una red de corrupción institucionalizada.
La investigación incluye testimonios de víctimas que afirman haber sido secuestradas, golpeadas y obligadas a renunciar a candidaturas políticas, así como denuncias de comerciantes que relataron clausuras arbitrarias, cobros ilegales y agresiones físicas para imponer cuotas semanales y mensuales.
Entre los delitos que se imputan al alcalde figuran delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado. La FGR sostiene que Rivera Navarro tenía un papel de dirección, mientras que funcionarios de primer nivel y mandos policiales ejecutaban directamente las extorsiones y amenazas.
Las autoridades federales advirtieron que el caso representa un grave ejemplo de la fusión entre el poder político y el crimen organizado, razón por la cual solicitaron que el proceso judicial se lleve fuera de Jalisco y que los imputados permanezcan recluidos en el penal del Altiplano, ante el riesgo de obstrucción de la justicia.
Diego Rivera Navarro fue detenido junto con tres funcionarios municipales durante un operativo federal, lo que provocó el despliegue de fuerzas estatales en Tequila para garantizar la seguridad, mientras continúa la investigación para determinar la posible implicación de más servidores públicos y colaboradores cercanos.