El fallo prohíbe nuevas detenciones y la ampliación del complejo, tras una demanda presentada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee.

 

Miami (Marcrix Noticias).– La jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, ordenó este jueves el desmantelamiento parcial y cierre en un plazo máximo de 60 días del centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en un aeródromo abandonado en los Everglades, al oeste de Miami.

La resolución, emitida tras una demanda de organizaciones ambientales y de la tribu indígena Miccosukee, prohíbe el ingreso de nuevos migrantes y cualquier ampliación de infraestructura en el lugar. 

Esto incluye la construcción de dormitorios, oficinas, cercas o pavimentaciones que afecten a la reserva natural, hogar de especies en peligro de extinción como la pantera de Florida, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.

El centro, inaugurado el pasado 3 de julio, tiene capacidad para 2 mil personas y buscaba ampliarse a 4 mil, en apoyo a la política de detenciones masivas impulsada por el gobernador Ron DeSantis y el expresidente Donald Trump. 

Sin embargo, la jueza determinó que la ubicación fue inadecuada y que los daños ambientales resultan graves para el ecosistema.

Además, la orden establece que, cumplido el plazo de 60 días, deberán retirarse cercas, sistemas de drenaje, instalaciones de gas, generadores e iluminación industrial, permitiendo nuevamente el acceso de la tribu Miccosukee al área.

Organizaciones como Friends of the Everglades, celebraron la decisión como una “victoria emblemática” para la protección del ecosistema. Eve Samples, directora ejecutiva del grupo, afirmó que el fallo marca un precedente en la defensa de los Everglades frente a proyectos que ponen en riesgo su biodiversidad.

El congresista demócrata Maxwell Frost informó que actualmente quedan poco más de 300 migrantes en el centro, una cifra significativamente menor a los casi mil que había semanas atrás, lo que evidencia que el Estado ya preveía una posible orden de cierre.

Pese al fallo, la disputa legal continuará. El gobernador DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, han cuestionado la legitimidad de la jueza Williams, nominada por el expresidente Barack Obama, y advirtieron que presentarán recursos legales para revertir la decisión.

La sentencia representa un revés para la política migratoria del gobierno de Donald Trump y un triunfo para grupos ecologistas e indígenas que, desde el inicio, denunciaron los impactos de la prisión en uno de los ecosistemas más frágiles y protegidos de Estados Unidos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No puedes copiar el contenido de esta página