Los consejeros del INE podrían enfrentarse a multas y denuncias penales por desacato
México (Marcrix, Noticias).- En un nuevo giro del debate sobre la reforma judicial, un juez federal en Colima amenazó al Instituto Nacional Electoral (INE) con multas y denuncias si continúa con los preparativos para las elecciones judiciales de 2025.
El Juez Segundo de Distrito, Francisco García Contreras, emitió un ultimátum, advirtiendo que cada uno de los once consejeros del INE podría ser multado con 54 mil 285 pesos y denunciado penalmente por desacato si no acatan la orden de detener el proceso electoral.
Esta decisión se deriva de la falta de cumplimiento del INE con una suspensión provisional emitida el 24 de septiembre, la cual prohíbe la implementación del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025.
La suspensión fue solicitada por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que cuestiona la constitucionalidad de una reforma reciente que establece la elección popular de jueces.
La reforma, publicada el 15 de septiembre, obliga al INE a organizar las elecciones judiciales en 2025, provocando tensiones entre el instituto y el Poder Judicial.
García Contreras también ha señalado que, si el INE no cumple con la suspensión, se verá obligado a informar a la Fiscalía General de la República (FGR), lo que podría resultar en penas de cárcel de entre tres y nueve años para los consejeros.
Además, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito confirmó el 30 de septiembre la suspensión que impide al Senado emitir la convocatoria para las elecciones judiciales y prohíbe al Consejo de la Judicatura Federal transferir recursos a los nuevos órganos judiciales creados por la reforma.
En medio de este conflicto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado el intento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por frenar la reforma, calificándolo como un “golpe aguado”.
Sheinbaum defendió la reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que es una decisión del pueblo. Aunque reconoció las tensiones con la SCJN, aseguró que su gobierno no actuará en contra de los ministros ni llevará a cabo juicios políticos, enfatizando que “no somos un gobierno autoritario”, concluyó.