Autoridades federales investigan la presunta relación de funcionarios estatales y municipales en Veracruz con células del crimen organizado que operan en el norte del estado
Ciudad de México. (Marcrix Noticias).- Autoridades federales investigan los vínculos de autoridades estatales de Veracruz y de al menos diez municipios del norte del estado con células criminales, principalmente relacionadas con extorsiones y cobro de piso. Grupos de inteligencia militares y civiles indagan el presunto involucramiento de jefes policiales y funcionarios locales en la protección de estas estructuras delictivas.
Las pesquisas iniciaron tras el hallazgo de restos humanos de al menos seis personas sobre la carretera Poza Rica-Cazones a inicios de agosto, así como el motín en el penal de Tuxpan, que dejó ocho reclusos muertos y once heridos. Estos hechos derivaron en operativos federales para desmantelar células criminales asociadas a la Mafia Veracruzana o Grupo Sombra, organización que surgió en 2012 tras divisiones en el Cártel del Golfo y Los Zetas.
De acuerdo con información ministerial, el Grupo Sombra ha desarrollado una red criminal propia bajo el nombre de Mafia Veracruzana, utilizando la violencia, las narcomantas y la grabación de víctimas para intimidar. A este grupo se le atribuye el secuestro y asesinato de Irma Hernández Cruz, ex maestra y taxista jubilada de 62 años, ejecutada en Álamo tras ser obligada a lanzar un mensaje contra sus compañeros de oficio.
Las investigaciones, coordinadas en algunos casos con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y en otros bajo acciones encubiertas, involucran a municipios como Pánuco, Álamo, Tihuatlán, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Tecolutla, Tempoal, Naranjos, Ozuluama y Chontla. Entre las acciones desplegadas se encuentran vigilancia con drones, intervención de comunicaciones, guardias en casas de seguridad y seguimientos de objetivos.
Los reportes preliminares indican que en dichas localidades la extorsión afecta diariamente a comerciantes, empresarios, transportistas, vendedores de bienes raíces y trabajadores ambulantes. Incluso, internos del penal de Tuxpan han denunciado que las extorsiones también ocurren dentro del reclusorio, lo que refuerza la hipótesis de vínculos entre autoridades penitenciarias y el grupo criminal.
La gobernadora Rocío Nahle minimizó inicialmente el caso de la maestra Irma al afirmar que falleció de un infarto, versión que más tarde fue desmentida por la Fiscalía.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el asesinato como homicidio y subrayó la urgencia de combatir la extorsión en el transporte público en la región.