La Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta por trata de personas; alrededor de 700 trabajadores viven en condiciones insalubres y de alta vulnerabilidad, la mayoría provenientes del sur del país.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral en un campo agrícola ubicado en Dolores Hidalgo. En el sitio, un albergue improvisado alberga a aproximadamente 700 jornaleros originarios, en su mayoría, de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz, quienes habitan en condiciones precarias.
El predio, de 200 metros de largo por 45 de ancho, se compone de barracas pequeñas con techos de lámina y cubiertas con lonas y malla. Algunas de estas estructuras albergan hasta seis personas en espacios de tres por cuatro metros. Trabajadores relataron que duermen sobre tablas, sin colchones, y que el lugar está infestado de pulgas. “Me he tenido que salir a dormir afuera porque las pulgas no me dejan dormir”, denunció un jornalero identificado como Roberto.
Además de las condiciones insalubres, los residuos del agua se vierten en un terreno cercano, lo que ha derivado en una plaga de moscas y zancudos. A pesar de ello, algunos trabajadores aseguran estar conformes. “Nos dan cama, estufa y todo”, dijo Marcos Ramírez, jornalero de Guerrero. Otros, como Manuela —una joven de 17 años embarazada, proveniente de Ayotzinapa—, se mostraron temerosos ante el operativo, ya que su esposo fue detenido.
Los trabajadores son reclutados en sus comunidades por intermediarios o “mayordomos” que los trasladan al campo con contratos de seis meses a un año. Las jornadas laborales van de 8 a 13 horas diarias en la cosecha de cilantro, espinaca, calabaza y otras verduras que son exportadas, principalmente a China. A cambio, reciben entre dos mil y cuatro mil pesos semanales, depositados en cuentas bancarias.
A pesar del operativo y la investigación en curso, las personas continúan viviendo y trabajando en el lugar, lo que ha generado preocupación sobre la continuidad de posibles abusos.
Las autoridades no han determinado aún si habrá acciones inmediatas para reubicar a las familias o sancionar a los responsables.