El objetivo es detener la construcción de la cafetería y resarcir el daño al diseño arquitectónico original del edificio del Palacio Legislativo
Chetumal (Marcrix Noticias)- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, sostuvo este martes 16 una reunión con representantes de organizaciones ciudadanas que vienen protestando desde hace unas semanas por la destrucción de la plazoleta, asta bandera y remoción de la estatua de Don Andrés Quintana Roo del Congreso del Estado.
Los líderes de estas organizaciones reclamaron que sin tener los permisos necesarios, los diputados de la XVII Legislatura atentaron contra el patrimonio cultural e histórico de los quintanarroenses, que es precisamente el diseño arquitectónico del Palacio Legislativo de Quintana Roo.
Cristina Torres se comprometió a mediar con la Junta de Gobierno y Coordinación Política, quienes son los que autorizaron el proyecto de una cafetería dentro del edificio arquitecto del Palacio Legislativo y que trastoca la plazoleta.
Ante la solicitud por escrito a la gobernadora Mara Lezama, para que interviniera en el caso, la titular de la Secretaria de Gobierno estableció un diálogo con dichas organizaciones ciudadanas, con el fin de proteger el patrimonio de los quintanarroenses y evitar cambios al diseño original del conjunto arquitectónico sede del Poder Legislativo, realizado en su momento por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y cuyos vértices integra no solo el edificio principal, sino toda la explanada de su entorno, la plaza cívica, el asta bandera y la propia escultura de Don Andrés Quintana Roo.
Dicha escultura, por cierto, fue removida sin la autorización ni el manejo adecuado a un bien patrimonial, cuyo destino no se conoce, ya que las autoridades de cultura han negado tenerla en resguardo tal como informó la diputada Jissel Castro Marcial: “ni siquiera nos avisaron que se iba a retirar la estatua de Andrés Quintana Roo”.
Con la información del periodista Jorge Martínez Lugo, trascendió que las organizaciones ciudadanas, a su vez, informaron que presentaron diversos amparos ante los juzgados Primero y Séptimo de Distrito, por lo que esperan que las obras se suspendan por orden judicial de un momento a otro.
La reunión con la secretaria de Gobierno se realizó en las oficinas de esta dependencia, en la cual se reconoció los daños al patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, así como la cerrazón de las diputadas y diputados ante un reclamo justo, en defensa de la identidad de los quintanarroenses.
OTORGAN AMPARO CONTRA CAFETERÍA
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo otorgó amparo al grupo de organizaciones ciudadanas que lo solicitaron, con lo que se detienen oficialmente las obras de construcción de una cafetería que modificaría la estructura original del recinto oficial del Congreso del Estado y provocó la destrucción de la plaza cívica, el asta bandera y el retiro de la estatua de Don Andrés Quintana Roo cuyo paradero y condiciones son desconocidas.
Lo que se considera un avance de la ciudadanía contra autoridades de la XVII Legislativa que actúan fuera de sus facultades y a espaldas de la sociedad, el Poder Judicial federal suspendió las obras mediante el amparo indirecto 587/2024-I-B del pasado nueve de julio, y notificó a las autoridades municipales y estatales involucradas a que presenten el 20 de agosto un informe justificado sobre acciones y permisos otorgados.
CERRAZÓN AL DIÁLOGO
La presidenta del Consejo Ciudadano de Chetumal, Georgina Marzuca Fuentes, expresó que ha habido cerrazón y falta de diálogo por parte de la XVII legislatura, ya que las organizaciones ciudadanas solicitaron de la mejor manera y por los canales institucionales ser escuchadas, por lo que fueron citadas a una reunión, en la cual no hubo diálogo sino que la diputada Jissel Castro Marcial sólo les confirmó que la obra se iba a realizar y que costaría 14 millones de pesos, provenientes de recursos ahorrados. También reiteró que el autor de dicho proyecto es el diputado Humberto Aldana Navarro, entonces presidente de la Jugocopo.
Ante esta actitud que consideraron una burla y una simulación, las organizaciones ciudadanas decidieron presentar once recursos de amparo, de los cuales, cuatro fueron admitidos por el Juzgado Primero de Distrito, con lo que las obras automáticamente quedan suspendidas hasta que las autoridades involucradas presenten sus informes justificado y la autoridad judicial resuelva en consecuencia.
La diputada Jissel Castro les reiteró que la obra contaba con el permiso del Instituto para la Cultura y las Artes (ICA), lo cual fue desmentido posteriormente por la titular de este organismo, Lilián Villanueva Chan.
Las autoridades que fueron notificadas y emplazadas para presentar informe justificado son: el presidente de la Jugocopo, las y los diputados de la XVII Legislatura, la gobernadora del estado, el secretario de Educación, la titular del ICA, la presidenta municipal de OPB y el director de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de OPB.
Con Información de Jorge A. Martínez Lugo