El Congreso analizará si el caso contra Juan Pablo Guillermo Molina ha prescrito o aún puede avanzar tras la orden de un tribunal federal.
Chetumal (Marcrix Noticias).– El Congreso de Quintana Roo aprobó la integración de una Comisión Instructora para estudiar, analizar y dictaminar si procede o no la realización de un juicio político contra Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, cargo que dejó hace más de nueve años.
La decisión se tomó en cumplimiento de una resolución judicial derivada del amparo 497/2019, luego de que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito ordenara al Congreso del Estado revisar si el juicio político ha prescrito o si aún puede llevarse a cabo.
La Comisión Instructora quedó conformada por la diputada Lilia Inés Mis Martínez, de Morena, como presidenta; el diputado Jorge Armando Cabrera Tinajero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como secretario; y la diputada Diana Frine Gutiérrez García, del Partido del Trabajo (PT), como vocal, de acuerdo con la aprobación por mayoría de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
De acuerdo con el Congreso, esta determinación responde al cumplimiento de la sentencia emitida el pasado 20 de enero de 2026 por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Cancún, cuyo proyecto fue elaborado por la magistrada Lina Victoria Bolio Pasos, quien anteriormente se desempeñó como funcionaria en el Ayuntamiento de Benito Juárez.
La resolución judicial otorgó el amparo a Juan Pablo Guillermo Molina para que el Congreso examine si ha operado o no la prescripción del juicio político, luego de que el ex funcionario solicitara desde 2019 que se declarara vencido el plazo legal del procedimiento iniciado en su contra por la XV Legislatura.
El exsecretario argumenta que el juicio político ya prescribió, debido a que la denuncia fue presentada el 3 de abril de 2017 y, conforme al artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en ese momento, existía un plazo de un año para aplicar sanciones a partir del inicio del procedimiento.
Sin embargo, el Congreso deberá definir a partir de qué momento se considera iniciado el procedimiento, ya que mientras el ex funcionario sostiene que comenzó con la presentación de la denuncia, la legislación aplicable establece que el juicio político inicia formalmente cuando el pleno de la Legislatura aprueba su procedencia.
El caso se originó por una denuncia presentada por la asociación civil “Somos tus Ojos”, encabezada por la abogada Fabiola Cortés Miranda, que derivó en la apertura del proceso por la XV Legislatura. No obstante, el avance del expediente fue detenido en diversas ocasiones por amparos promovidos por el propio Guillermo Molina.
Posteriormente, una revisión de amparo favoreció a la parte denunciante, lo que permitió la integración de una Comisión Instructora encabezada en su momento por el diputado Emiliano Ramos Hernández, la cual avanzó en la investigación y emitió conclusiones acusatorias en 2019.
Sin embargo, un nuevo amparo interpuesto por el exfuncionario impidió que dichas conclusiones fueran presentadas ante el pleno del Congreso y que se iniciara formalmente el juicio político, situación que derivó en el proceso legal que ahora obliga a la actual Legislatura a pronunciarse.
Entre las acusaciones que sustentan la solicitud de juicio político se encuentra el presunto desvío de más de mil millones de pesos, provenientes de pagos realizados por la empresa Aguakan como contraprestación por la ampliación de su concesión, recursos que habrían sido transferidos por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
La legislación establece que existen plazos limitados para iniciar y sancionar un juicio político, ya que la denuncia debe presentarse dentro del año siguiente a que el funcionario deje el cargo, y las sanciones deben aplicarse dentro de un año a partir del inicio del procedimiento.
En este contexto, la Comisión Instructora deberá determinar si el proceso quedó únicamente en etapa de instrucción, es decir, en el análisis preliminar de la denuncia, o si se considera que el juicio político fue formalmente iniciado.
De concretarse el juicio político, este sería el segundo en la historia de Quintana Roo, luego del realizado en 2005 contra Juan Ignacio García Zalvidea, quien fue inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos.
Una sanción similar podría enfrentar Juan Pablo Guillermo Molina en caso de que la Comisión determine que el juicio político no ha prescrito y que existen elementos para proceder en su contra.