La inspección realizada corroboró que hay derrames de cemento, afectaciones al agua y posible desacato a suspensión judicial.
Cancún(Marcrix Noticias).- La inspección judicial realizada el 12 de agosto de 2025 en las cavernas Garra de Jaguar y Oppenheimer, ubicadas bajo el Tramo 5 del Tren Maya, confirmó que persisten daños ocasionados por derrames de cemento durante los trabajos de cimentación de las pilas del megaproyecto. La información fue publicada por Selvame del Tren a través de Facebook.
La diligencia fue ordenada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, en el marco de uno de los amparos interpuestos contra el proyecto. Participaron personal del juzgado, la Sedena, el Tren Maya y el representante de la parte quejosa, con el objetivo de verificar los impactos que habían sido denunciados por agrupaciones ambientalistas en marzo de 2024.
Durante la inspección, se constató que los daños a las cavernas y al agua en Oppenheimer persisten, a pesar de que los responsables del proyecto aseguraron haber aplicado medidas de mitigación. Además, se observó que el personal del Tren Maya continuaba operando con normalidad, pese a que existe una suspensión definitiva vigente en otro juicio relacionado con el mismo tramo, lo que evidencia un posible desacato al mandato del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito del Poder Judicial Federal.
La parte quejosa denunció que hubo una demora excesiva en la realización de la inspección judicial, ya que la prueba se solicitó desde marzo de 2024. Este retraso, de más de un año y cinco meses, habría permitido a los responsables del megaproyecto ocultar parcialmente los daños. Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) había verificado previamente afectaciones derivadas de los trabajos de cimentación y otras actividades en respuesta a denuncias de la comunidad.
La parte quejosa espera que el Juzgado Primero de Distrito considere estos hallazgos para ordenar una nueva suspensión definitiva y los tome en cuenta para la resolución de fondo del juicio, recordando la obligación constitucional de proteger los derechos humanos al medio ambiente sano y al agua de las comunidades afectadas.
Finalmente, subrayaron que la inspección judicial corroboró los reportes que habían difundido en redes sociales desde marzo de 2024, confirmando que los daños documentados originalmente persisten, y reforzando la necesidad de medidas efectivas de protección y remediación.