Grupos criminales buscan apoderarse del ‘Ramo 33’, el cual es destinado para realizar obra pública en la capital de Guerrero.
Guerrero (Marcrix Noticias).- Un conflicto incesante entre cárteles de la droga ha desatado una guerra por el control de recursos federales en Chilpancingo, Guerrero. Los grupos criminales ‘Los Ardillos’ y ‘Los Tlacos’ presionan a políticos locales para quedarse con una parte significativa del presupuesto destinado a obras públicas, como la construcción de parques, centros deportivos y sistemas de drenaje, a través de empresas aliadas.
A pesar de que Chilpancingo representa solo el 3.5 por ciento del territorio estatal y alberga a una población de apenas ocho de cada mil guerrerenses, su situación económica y social lo convierte en un objetivo atractivo para el crimen organizado.
Un alarmante 55 por ciento de sus habitantes vive en condiciones de pobreza, lo que ha fomentado un mercado desposeído de drogas. Sin embargo, la codicia por los recursos federales ha convertido a la capital en un foco de conflicto.
Este clima de violencia se intensificó tras el brutal asesinato del alcalde Alejandro Arcos, cuyo cadáver fue encontrado el 6 de octubre, solo seis días después de asumir el cargo.
La semana previa a su muerte, el secretario general del ayuntamiento, Francisco Tapia, fue asesinado, al igual que el capitán Ulises Hernández, quien estaba por asumir la seguridad municipal. Estos crímenes, marcados por la firma del crimen organizado, evidencian la feroz lucha por el control de los recursos públicos.
El ‘Ramo 33’, un fondo federal creado en 1998 para dar mayor autonomía financiera a los municipios, se ha convertido en un objeto de deseo para los cárteles.
Este fondo, que este año destinará 357 millones de pesos a Chilpancingo, permite a los alcaldes decidir cómo utilizar esos recursos. Sin embargo, esta discrecionalidad ha facilitado el desvío de fondos hacia los grupos criminales, quienes amenazan o asesinan a los funcionarios que se niegan a colaborar.
Una fuente militar señala que los alcaldes, al comprometerse a entregar el ‘Ramo 33’ a los cárteles, aseguran su supervivencia. Si se niegan, su vida está en peligro. Este ciclo de violencia se ha vuelto una constante en Guerrero, donde la extorsión y el control territorial son parte de la vida cotidiana.
En el mercado municipal Baltazar R. Leyva Mancilla, la extorsión se manifiesta en el “derecho de piso” que todos los vendedores deben pagar. Cada nueva administración municipal a menudo promete obras financiadas con recursos federales, pero la corrupción y el crimen están profundamente entrelazados en este proceso.
El 8 de octubre, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el alcalde Arcos había sido visto por última vez en una reunión con desconocidos en Petaquillas, un bastión de ‘Los Ardillos’. Horas después, su cuerpo fue hallado, lo que resalta el grave riesgo que enfrentan los políticos en esta lucha por el poder y el dinero.
La situación se complica aún más con la presencia de al menos seis grupos criminales adicionales en la región, como el Cártel del Sur, Los Rojos y la Nueva Familia Michoacana. Estos grupos alimentan la violencia en la capital, generando un clima de temor y desconfianza entre la población y las autoridades.
El ‘Ramo 33’, aunque destinado a mejorar las condiciones de vida de los guerrerenses, se ha convertido en un mecanismo de enriquecimiento para el crimen organizado.
Las obras públicas, que deberían beneficiar a la comunidad, son ahora una fuente de conflictos violentos. Mientras tanto, los auditores enfrentan obstáculos para supervisar el uso de estos fondos, ya que a menudo son amenazados por los cárteles.
En un contexto donde la lucha por el ‘Ramo 33’ parece interminable, los grupos criminales diversifican sus inversiones y crean empresas “legales” para convertirse en contratistas municipales.
Con información de Milenio.