Grupo Salinas anunció que aguardará hasta enero una notificación formal del SAT para aclarar el monto de su presunto adeudo fiscal y cerrar el conflicto.
Ciudad de México.- (Marcrix Noticias).- Grupo Salinas informó que esperará hasta enero para que el SAT precise por escrito el monto y los fundamentos de la deuda fiscal que la autoridad le atribuye, aseguró el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien reiteró que existe disposición para pagar una vez que haya claridad jurídica.
El dueño de empresas como TV Azteca y TotalPlay respondió en la red social X a cuestionamientos sobre el tema, donde señaló de forma breve: “Pagamos y listo”, al referirse a la cifra global que ha circulado públicamente, la cual alcanza hasta 51 mil millones de pesos, aunque la autoridad ha señalado un adeudo principal menor.
Minutos después, Salinas Pliego amplió su postura y explicó que lo más responsable tanto para Grupo Salinas como para el gobierno federal es esperar a que el SAT entregue un desglose detallado, transparente y sustentado del presunto adeudo, que actualmente se ubica en alrededor de 31 mil millones de pesos, según cifras oficiales.
El empresario subrayó que su intención es cerrar definitivamente este capítulo y concluir las diferencias que mantiene con la actual administración federal, evitando confrontaciones públicas y priorizando la certidumbre jurídica y el respeto al marco legal vigente.
Afirmó que, desde el inicio del conflicto, Grupo Salinas ha mostrado voluntad para cumplir con sus obligaciones fiscales y que prueba de ello es el pago de más de 285 millones de pesos al fisco durante el periodo en el que se ha desarrollado la disputa legal.
En días recientes, el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum que el adeudo corresponde a ejercicios fiscales de 2008 a 2013 y que los montos han sido determinados por resoluciones judiciales.
Salinas Pliego también señaló que una parte relevante de los recargos y actualizaciones deriva de interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad fiscal, lo que llevó al litigio y a un prolongado proceso legal, influido —dijo— por los tiempos del sistema judicial mexicano.