El acuerdo tendrá una vigencia de seis meses y aplicará sólo para la gasolina regular, lo que excluye la de alto octanaje y el diésel.
Ciudad de México (Marcrix Noticias). – El gobierno de México alcanzó un acuerdo preliminar con gasolineros, para establecer un tope de 24 pesos por litro, en la gasolina de menor octanaje durante un periodo de seis meses.
Este pacto, contenido en un borrador titulado Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México, aún debe ser ratificado oficialmente en Palacio Nacional.
De acuerdo con el documento, el plan tiene carácter voluntario y dependerá de la cooperación entre Petróleos Mexicanos (Pemex), importadores, distribuidores, transportistas y expendedores.
La medida no contempla la gasolina de alto octanaje, ni el diésel utilizado por el transporte de carga y pasajeros.
El documento establece que Pemex aplicará un precio mayorista nacional, para la gasolina regular en terminales de almacenamiento y distribución, permitiendo a los empresarios mantener el tope de 24 pesos por litro.
Además, las empresas firmantes deberán revisar sus políticas de comercialización y garantizar que el diferencial de costos no supere los dos pesos sin IVA respecto a los precios mayoristas.
También se implementarán mecanismos de información semanal, para que la población conozca los precios de venta en terminales y estaciones de servicio, así como los costos operativos del sector.
Si bien el gobierno busca garantizar estabilidad en el mercado de combustibles, expertos y empresarios han advertido que este tipo de acuerdos pueden generar distorsiones, incentivar la comercialización ilícita de combustibles, reducir la calidad del servicio y fomentar la venta de litros incompletos.
Las autoridades aseguraron que mantendrán mesas de trabajo con los participantes del sector, para analizar la regulación vigente y detectar áreas de mejora. Sin embargo, los especialistas señalan que la efectividad de la medida dependerá de su implementación y de la capacidad de fiscalización de las autoridades.
El acuerdo entrará en vigor tras su firma oficial y será evaluado periódicamente para determinar su impacto y posibles ajustes en el sector energético.