La defensa del exsecretario de Seguridad Pública acusa uso de testimonios falsos, ocultamiento de pruebas y violaciones al debido proceso durante el juicio en Nueva York.
Nueva York, Estados Unidos (Marcrix Noticias).– La defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, presentó formalmente un recurso de apelación contra el juicio y la sentencia de 38 años de prisión que le fue impuesta en Estados Unidos, al considerar que el proceso estuvo “irremediablemente contaminado” por presuntas violaciones al debido proceso.
El recurso fue presentado el 18 de diciembre, fecha límite otorgada tras diversas prórrogas derivadas, según la defensa, de constantes traslados penitenciarios e incomunicación del exfuncionario.
En el documento, integrado por 78 páginas y 22 apéndices que suman cerca de 4 mil 600 hojas, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib solicitan que el juicio sea anulado o, en su caso, reabierto.
Entre los principales argumentos, la defensa sostiene que dos testigos clave incurrieron en perjurio. Uno de ellos es Francisco Cañedo Zavaleta, exagente federal, quien relató un supuesto secuestro de García Luna por integrantes del grupo de los Beltrán Leyva.
Los abogados aseguran que existe evidencia que demuestra que ese día el exfuncionario se encontraba en un hospital, pagando un tratamiento médico de su esposa. Además, señalan que el testigo mintió sobre la corporación para la que trabajaba y que su versión fue difundida con fines políticos.
El otro testigo cuestionado es Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, cuyo testimonio habría incluido hechos cronológicamente imposibles, como visitas a instalaciones que aún no existían o la supuesta exhibición de un software que nunca fue adquirido por la Secretaría de Seguridad Pública.
Otro eje central de la apelación es el ocultamiento de evidencia exculpatoria. La defensa afirma que los fiscales estadounidenses no transparentaron documentos que acreditan que agencias de Estados Unidos revisaron en su momento los antecedentes de García Luna, sostuvieron reuniones con él y no detectaron riesgos de seguridad.
También acusan que se ocultó información sobre conductas delictivas posteriores de al menos un testigo colaborador mientras negociaba con las autoridades.
Asimismo, los abogados denunciaron que el juez Brian Cogan limitó de manera indebida el contrainterrogatorio a testigos cooperantes, impidiendo cuestionamientos sobre conductas violentas o de índole sexual que, a juicio de la defensa, eran relevantes para evaluar su credibilidad ante el jurado.
La apelación también cuestiona lo que califican como un “mini juicio patrimonial ilegal”, al permitir la exhibición de fotografías de propiedades y bienes sin que existiera prueba de que fueran producto de los delitos imputados, lo que habría generado un prejuicio en el jurado.
Finalmente, la defensa impugnó la sentencia y la multa de dos millones de dólares, al considerarlas desproporcionadas, y argumentó que se basaron en hechos no probados, además de que los estados financieros del exfuncionario indicaban que no contaba con recursos suficientes, motivo por el cual incluso se le asignaron abogados de oficio.
Tras la presentación del recurso, corresponde ahora a la Fiscalía estadounidense responder a los argumentos, posteriormente la defensa podrá replicar y, con base en ello, la Corte de Apelaciones determinará si confirma la condena, ordena un nuevo juicio o anula el proceso.