La Fiscalía acusa uso ilícito de atribuciones, relacionado con una pensión posmortem otorgada en 2004.
Ciudad de México, (Marcrix Noticias).- María Amparo Casar se colocó en el centro de un proceso judicial luego de que la Fiscalía General de la República informara que fue judicializada una carpeta de investigación en su contra por su probable intervención en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, vinculado al otorgamiento de una pensión vitalicia por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Casar es una analista política y figura pública conocida por presidir la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), desde donde ha impulsado investigaciones y posicionamientos sobre el uso de recursos públicos y la actuación de funcionarios.
De acuerdo con la FGR, el caso se relaciona con la pensión posmortem concedida tras el fallecimiento de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de Casar, ocurrido el 7 de octubre de 2004 en las instalaciones de la sede central de Pemex.
María Amparo Casar FGR y el origen del caso
Durante una conferencia matutina realizada en mayo de 2024, el entonces director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que Márquez Padilla ingresó a la empresa productiva del Estado el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración y falleció apenas 129 días después de asumir el cargo.
En esa ocasión se informó que el funcionario murió tras caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de Pemex. Si bien los peritajes señalaron que se trató de un suicidio, dicha conclusión no quedó asentada de forma expresa en los documentos difundidos públicamente.
Asimismo, se detalló que el 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de la pensión posmortem a favor de los beneficiarios, con efectos retroactivos al 8 de octubre, un día después del fallecimiento.
Romero Oropeza indicó que, derivado del pago mensual de aproximadamente 125 mil pesos, el monto total cobrado por la pensión habría representado un presunto daño a Pemex estimado en 31 millones de pesos.
Con base en documentos del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial contra María Amparo Casar Pérez y otras dos personas, a quienes se les atribuye la probable responsabilidad en el delito previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, vigente al momento de los hechos.
El Código Penal Federal establece que el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades puede ser imputado tanto a servidores públicos como a particulares. En el caso de funcionarios, se sanciona a quien otorgue autorizaciones o beneficios económicos de manera indebida.
Para los particulares, la norma contempla sanciones a quienes soliciten o promuevan de forma irregular dichas operaciones o formen parte de ellas. Las penas previstas van de seis meses a 12 años de prisión, además de multas económicas.
La audiencia inicial está programada para el próximo 16 de diciembre. Al no tratarse de un delito grave, en caso de vinculación a proceso, las personas imputadas podrían enfrentar el juicio en libertad.
Suspensión de pensión y amparo
Pemex suspendió el pago de la pensión en febrero de 2024. Posteriormente, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo, mediante el cual un juzgado sexto de distrito en materia laboral ordenó la restitución del pago mientras se resuelve el fondo del asunto.