La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución del juez federal Enrique Hernández Miranda, quien permitió que Julio César Chávez Jr. enfrente en libertad condicional el proceso penal en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Ciudad de México. (Marcrix Noticias).- La decisión del juez federal Enrique Hernández Miranda de liberar a Julio César Chávez Jr., acusado de tráfico de armas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, encendió nuevamente las alertas en la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia impugnó la medida y presentó un recurso de revisión que será turnado a un Tribunal Colegiado.
El hijo del excampeón de boxeo Julio César Chávez enfrenta acusaciones por introducir armas hacia territorio nacional, delito que por mandato constitucional amerita prisión preventiva oficiosa. Pese a ello, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo concedió medidas cautelares menos severas, lo que permitió su salida del Cefereso No. 11 bajo condición de no abandonar el país sin autorización.
La actuación de Hernández Miranda no es un hecho aislado. Desde agosto de 2023, la propia Presidencia de la República lo exhibió en la conferencia matutina dentro del informe Cero Impunidad, al documentar que ha emitido al menos 13 resoluciones favorables a presuntos criminales, entre ellas nueve no vinculaciones a proceso, una calificación de detención ilegal y tres absoluciones.
Uno de los casos más polémicos ocurrió el 19 de julio de 2025, cuando el juez determinó no vincular a proceso a un hombre detenido por tráfico de migrantes y cohecho, pese a que transportaba a 116 extranjeros, 37 de ellos menores de edad. Otro expediente señalado es el de Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, presunto líder de una red internacional de trata de personas en Tijuana, contra quien el juez se abstuvo de dictar medidas cautelares.
De acuerdo con la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta organización criminal vinculada a “El Padrino” generaba hasta 100 millones de pesos mensuales mediante la explotación sexual de mujeres en el bar Adelitas. Por ello, fuentes federales confirmaron que se mantienen abiertas líneas de investigación contra el juez Hernández Miranda por presuntos vínculos con el crimen organizado.